CARTAGENA. Los sindicatos municipales del Ayuntamiento de Cartagena -UGT, CCOO, Csif y Sime- han decidido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia la sentencia judicial por la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Cartagena respalda la decisión del Gobierno municipal sobre la suspensión del Acuerdo de Condiciones Laborales, justificada en la situación económica.

Dicen, como no podía ser de otra forma, "estar de acuerdo con el resultado de la sentencia, porque no hubo negociación antes de la suspensión del acuerdo de condiciones y convenio colectivo, solo hubo una dación de cuentas sobre un acuerdo previamente tomado por el equipo de gobierno".

La resolución judicial llega a la conclusión de que la decisión de suspender el Acuerdo de Condiciones Laborales es ajustada a derecho, y que el hecho de que la Junta de Gobierno Local suspendiera la vigencia de determinados preceptos no supone necesariamente la lesión del derecho a la libertad sindical. La decisión de la suspensión de algunos aspectos del Acuerdo suponían un coste que el Ayuntamiento no estaba en condiciones de asumir dada la situación económica, como ahora reconoce la justicia.

Para ponernos en contexto, el 30 de diciembre de 2019, la Junta de Gobierno inició el expediente de suspensión cautelar de las medidas del Acuerdo de Condiciones de Trabajo que debían entrar en vigor en enero de 2020, después de que los informes técnicos realizados por la Intervención municipal y la Oficina Presupuestaria advirtiesen que el contexto económico hacía inviable su aplicación, según ha informado la que era por entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón.

Entonces propuso abrir una mesa de diálogo con los representantes sindicales de los trabajadores para empezar a negociar el mejor acuerdo posible dentro de los limites presupuestarios, pero los acuerdos o la posibilidad de ellos no llegó a buen puerto.  

Los informes estudiados por el Gobierno -aducían entonces- coinciden "en que el nuevo contexto de desaceleración económica no permite un aumento en los ingreso del Ayuntamiento e impide asumir los incrementos en retribuciones y horas extraordinarias que representa la entrada en vigor de algunas de las medidas recogidas en el acuerdo". 

Explicaban entonces que la aplicación directa "supondría incumplimiento de los criterios de estabilidad y el limite de gasto establecidas por Ley y obligarían al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico-financiero supervisado por el Ministerio de Hacienda". Castejón remarcó que esta decisión "viene precedida de cambios en las previsiones económicas y la aparición de nuevas obligaciones para las arcas municipales contraídas este año, como los préstamos para hacer frente a las obras de la DANA y los contenciosos derivados de la anulación del Plan General".