ORIHUELA. Del mismo modo que una serie de factores determinan, y así sucedió en septiembre de 2019, las inundaciones de la Vega Baja, las soluciones deben estar concatenadas. En su conjunto no serán efectivas si no están encadenadas de forma consecutiva. Así se interpretan las conclusiones de distintas ponencias que este jueves se han expuesto en el III Congreso Nacional del Agua celebrado en Orihuela.

El congreso, centrado en “fenómenos extremos: sequías e inundaciones” organizado por el Ayuntamiento de Orihuela, el Área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante, con la dirección académica del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, además del apoyo de Hidraqua e INECA, ha acogido en sesión de mañana y de tarde las ponencias de expertas y expertos en planificación, mitigación e infraestructuras y evaluación socioeconómicas, ambiental y jurídica.

Con la Dana de septiembre se evidenció la vulnerabilidad de la Vega Baja ante fuertes lluvias y las consecuencias que trajo consigo. Entre ellas los daños en viviendas y bienes. Y en todo ello tiene que ver los planeamientos urbanísticos, además de su influencia en agravar las inundaciones. ¿Cumplen estos planeamientos la normativa española en materia de prevención de riesgos naturales? La respuesta en la inmensa mayoría es que no. Jesús Garrido Manrique, profesor de la Universidad de Granada, ha tratado de responder a esa pregunta en su ponencia.

Se han venido redactando distintas leyes en este sentido, como la ley de Costas, la del Suelo o la del Agua. En 1998 se hace obligatorio incluir los mapas de riesgo naturales y es en 2007 cuando con la ley de evaluación ambiental estratégica es obligatorio que esos mapas estén incluidos en el documento ambiental.

Garrido desvelaba que el 90% de las Comunidades Autónomas tiene un planeamiento anterior a 2007. En el plano local, en los municipios de más de 5.000 habitantes, el 75% tienen un planeamiento anterior a ese año, y en el caso de los de más de 20.000, sigue la misma tendencia. Solo un cuarto de ellos tienen un planeamiento anterior a 2007. Estos núcleos poblacionales representan al 70% de la población. De este modo, cuando se incluyen mapas de riesgos naturales, se evidencia que mucho suelo calificado como urbano está en zona de riesgo, y el urbanizable se dirige hacia esa zona.