La crisis política desencadenada por la fallida moción de censura y la posterior remodelación del Gobierno municipal ha dejado un nuevo escenario en el Ayuntamiento de Cartagena. Los cambios afectan a la composición del Ejecutivo, pero también dibujan un nuevo reparto de responsabilidades entre concejales que mantienen retribuciones muy diferentes. El coste político real de la estructura municipal es sensiblemente superior a los 1,34 millones de euros anuales que suponen los salarios de los ediles.

La principal novedad es la salida del Gobierno de los concejales de Vox Gonzalo López Pretel y Diego Lorente Balibrea, cesados por la alcaldesa tras el estallido de la crisis política. A ellos se suma Diego Salinas, que decidió abandonar el Ejecutivo municipal y continuar su actividad como concejal no adscrito.

La única integrante del antiguo grupo de Vox que permanece en el Gobierno es Beatriz Sánchez del Álamo, que conserva una dedicación del 90% y una retribución anual de 62.374,90 euros.

Al frente del Ejecutivo continúa la alcaldesa, Noelia Arroyo, con un salario bruto anual de 77.754,74 euros, el más elevado entre los cargos electos municipales.

La práctica totalidad de los concejales con dedicación exclusiva del Gobierno popular perciben 69.305,32 euros anuales, una cantidad que también cobran el portavoz de MC, Jesús Giménez; el portavoz socialista, Manuel Torres; el edil de Vox Gonzalo López Pretel, también portavoz de su partido; y el concejal del Grupo Mixto, Juan Pedro Torralba, con la portavocía del Grupo Mixto.

Por otro lado, los concejales que no forman parte del Ejecutivo y que cuentan con dedicación exclusiva tienen una remuneración de 56.994,42 euros. En MC son los casos de María Mercedes Graña y Juan José López Escolar, mientras que en el PSOE se encuentra en esas circunstancias y con ese sueldo Isabel Andreu.

Mientras tanto, el resto de concejales hasta completar los 27 que suman en la Corporación cobran por asistencia a plenos y órganos colegiados y perciben 15.146,88 euros anuales. Entre ellos se encuentran los no adscritos Diego Salinas y María Dolores Ruiz, además de varios ediles de MC, PSOE y Vox.

La remodelación deja a Arroyo gobernando en minoría con diez concejales del PP y el apoyo de la edil no adscrita Beatriz Sánchez, mientras el Ayuntamiento mantiene prácticamente intacta su estructura retributiva, a la espera de posibles cambios en delegaciones y competencias.