El Partido Popular de Cartagena ha anunciado una iniciativa que llevará al próximo Pleno municipal para exigir al Gobierno central la suspensión del llamado “tasazo de basuras”, una medida que ya está provocando subidas visibles en los recibos de miles de familias, comercios y pequeños negocios del municipio. Según explicó el portavoz del grupo, Nacho Jáudenes, la situación deriva directamente de la Ley 7/2022 de residuos, que obliga a todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes a implantar una tasa que cubra el 100% del coste del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, incluido el mantenimiento de vertederos.

El portavoz subrayó que esta es la primera vez en democracia que una ley estatal impone un modelo tan rígido, en el que los ayuntamientos pierden cualquier margen para decidir cómo financiar el servicio. Hasta ahora, cada municipio podía combinar tasas, presupuestos propios o fórmulas mixtas para amortiguar el impacto sobre los ciudadanos. En Cartagena, de hecho, el Ayuntamiento llevaba dos años asumiendo casi 2,3 millones de euros anuales para evitar trasladar el coste completo a los recibos. Ese colchón municipal ha desaparecido por la nueva obligación legal.

El resultado es inmediato: los cartageneros están recibiendo desde hace unos pocos meses un incremento del 17% en su recibo bimensual del agua y la basura, lo que supone 2,3 millones de euros adicionales que deben asumir vecinos y negocios. Jáudenes insistió en que el Consistorio ha aplicado únicamente el aumento estrictamente necesario, limitado al coste del tratamiento y reciclaje de residuos, mientras que otros ayuntamientos han aprovechado el cambio para elevar el recibo más de un 80%, cargando sobre el ciudadano mucho más de lo que exige la ley.

Además del impacto económico, el PP denuncia lo que considera un uso político del argumento europeo por parte del Gobierno central. Según explicó Jáudenes, el Ejecutivo justifica la obligación del 100% en una supuesta exigencia de la Unión Europea, pero la Comisión Europea habría aclarado recientemente que la directiva comunitaria no impone ese modelo ni obliga a repercutir la totalidad del coste directamente sobre los ciudadanos. En otras palabras, la forma de financiar el reciclaje y el tratamiento de residuos es una decisión nacional, no una imposición comunitaria.

Ante este escenario, el Partido Popular presentará una moción para exigir la suspensión inmediata del tasazo, reclamar al Gobierno central alternativas de financiación y evitar que los ayuntamientos queden relegados, en palabras del portavoz, a actuar como “simples recaudadores” de decisiones estatales que no comparten.

El contexto nacional también muestra diferencias significativas entre municipios. Aunque la ley establece la obligación de cubrir el coste completo, cada ayuntamiento puede calcular la tasa con criterios distintos: el valor catastral, el consumo de agua, el número de ocupantes o la cantidad estimada de residuos generados. Por eso, los recibos pueden variar enormemente entre ciudades: desde hogares que pagarán menos de 30 euros al año en municipios pequeños hasta otros que superarán los 140 euros anuales en grandes capitales. En algunos casos, las subidas ya publicadas alcanzan 180 euros más al año por vivienda. Los comercios, especialmente los que generan más residuos, soportarán incrementos todavía mayores.

En Cartagena, Jáudenes insiste en que el Ayuntamiento ha optado por el criterio más prudente: ajustar exclusivamente el coste del servicio, sin añadir cargas adicionales. Aun así, reconoce que el incremento del 17% está golpeando a familias y negocios en un momento de elevada presión económica, motivo por el que el PP activará también una ofensiva institucional en el Congreso para revertir la norma.