Dijo, de forma bastante acertada, Manuel Torres, portavoz del PSOE, a la presidenta del Pleno y alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo: “Acostúmbrese a la nueva realidad, señora presidenta”. Lo hizo en mitad de una votación en la que Arroyo daba prácticamente por desestimada una moción del Partido Popular que, sin embargo, terminó saliendo adelante tras ser modificada con una enmienda socialista.

Porque una cosa era lo que inicialmente proponía el PP: exigir al Gobierno de España el cierre inmediato del centro de acogida de migrantes del antiguo Hospital Naval, reclamar la cesión del espacio al Ayuntamiento y reprobar al Ejecutivo central por mantener una instalación “temporal” que se ha prolongado en el tiempo. Y otra muy distinta la que finalmente aprobó el Pleno.

La nueva mayoría municipal adaptó la iniciativa para incorporar el planteamiento del PSOE: que, una vez finalice el uso actual del Hospital Naval, el Ministerio de Defensa acuerde con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma la cesión del edificio para usos asistenciales y sociosanitarios gestionados por la Región de Murcia. Además, se pidió al Gobierno regional reservar una partida específica en los Presupuestos de 2026 para adaptar y poner en marcha ese futuro recurso.

En resumen, la oposición utilizó su nueva mayoría para transformar una moción que respondía exclusivamente a la estrategia política del Partido Popular en otra con un enfoque distinto y más amplio.

Y eso es precisamente lo que empieza a cambiar en el Ayuntamiento de Cartagena. El Gobierno local, cada vez más reducido y más en minoría, ya no tiene capacidad para tumbar o controlar el sentido de las iniciativas plenarias como hacía hace apenas unas semanas. Algo similar le pasó cuando la moción propuesta por la no adscrita María Dolores Ruiz de paralizar las obras del Molinete que el Ejecutivo había ordenado iniciar hace una semana han quedado paralizadas por votación mayoritaria del Pleno.

Pero la escena volvió a repetirse poco después. El portavoz popular, Ignacio Jáudenes, aceptó una enmienda del socialista Manuel Torres en la moción para reclamar la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil y más medios para el cuerpo en Cartagena. El texto, ya modificado, terminó aprobándose por unanimidad.

La iniciativa reclama al Gobierno de España un nuevo acuartelamiento en el mismo solar del antiguo cuartel, con instalaciones modernas, viviendas y capacidad suficiente para cubrir las necesidades de seguridad del municipio. También pide reforzar medios humanos, materiales y tecnológicos, especialmente en la vigilancia costera y la lucha contra el narcotráfico.

Son los efectos colaterales de la nueva aritmética política nacida tras la salida de los dos concejales de VOX, convertidos ahora en no adscritos y desvinculados de la disciplina del partido. A eso se suma la expulsión de ambos del Ejecutivo local, dejando al Gobierno de Arroyo reducido a diez concejales propios más la continuidad, todavía políticamente ambigua, de Beatriz Sánchez del Álamo.

Probablemente, en el entorno del Gobierno consideren que ese desgaste es un mal menor. Porque, tras escuchar a Torres pedirle que “se acostumbrase a la nueva realidad”, Arroyo respondió con otra frase cargada de intención: “Espero que también usted se adapte a la nueva realidad”.

La alcaldesa devolvía así el golpe político recordando que la moción de censura que la oposición daba prácticamente por hecha hace apenas unos días no saldrá adelante tras el paso atrás de los dos concejales díscolos. La “realidad paralela” que durante dos semanas parecía acariciar el PSOE se evaporó en cuestión de horas, como un truco de magia ejecutado con una bomba de humo en mitad del escenario político cartagenero.