MURCIA. La Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia (Huermur) ha denunciado que el proyecto de rehabilitación del Casino de Torreagüera, aprobado por el Ayuntamiento de Murcia, carece del aval del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural del Municipio de Murcia, al no haber sido sometido a su conocimiento, estudio y debate pese a tratarse de una intervención sobre un inmueble catalogado y de titularidad municipal.

Huermur considera "preocupante" que el Ayuntamiento haya presentado públicamente esta actuación como un ejemplo de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico "cuando el proyecto no ha sido examinado por el principal órgano consultivo especializado en patrimonio existente dentro del propio consistorio".

El Casino de Torreagüera constituye uno de los edificios históricos más emblemáticos de la pedanía y ha sido reconocido por sus valores arquitectónicos, históricos y sociales. La actuación aprobada prevé una intervención integral sobre este inmueble protegido, con una inversión cercana a los 750.000 euros, afectando a elementos constructivos y espacios de especial relevancia patrimonial. "Sin embargo, el proyecto ha sido aprobado sin que el Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural haya podido ejercer las funciones para las que fue creado", añaden.

Huermur recuerda que el Reglamento del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural atribuye expresamente a este órgano funciones de asesoramiento, estudio y consulta previa sobre proyectos municipales de arquitectura y actuaciones que afecten al patrimonio cultural del municipio, incluyendo específicamente aquellos proyectos promovidos por el propio Ayuntamiento sobre bienes patrimoniales.

Para la entidad conservacionista, el problema no es únicamente procedimental. "La verdadera cuestión es que el Ayuntamiento pretende presentar el proyecto como una actuación patrimonial de referencia sin que exista un pronunciamiento del órgano municipal integrado por expertos, universidades, colegios profesionales y entidades especializadas en la defensa del patrimonio cultural".

"La ciudadanía debe saber que este proyecto no cuenta con el aval del Consejo de Patrimonio porque nunca ha sido sometido a su consideración e informe. El Ayuntamiento y sus políticos podrán intentar presumir o hacerse muchas fotos, pero no pueden afirmar que la actuación haya sido evaluada o respaldada por el órgano municipal creado específicamente para asesorar en esta materia", señalan desde Huermur.

La entidad considera que una actuación de esta importancia "merecía un proceso transparente de análisis y debate patrimonial antes de su aprobación. Sin embargo, el Gobierno municipal ha optado por presentar el proyecto directamente ante la opinión pública sin permitir que el Consejo pudiera formular observaciones, propuestas o recomendaciones sobre una intervención que afecta a un inmueble protegido de propiedad municipal".

Huermur lamenta que "se continúe relegando a un papel meramente testimonial a los órganos de participación y asesoramiento creados para enriquecer la toma de decisiones públicas". A juicio de la entidad, "resulta difícil comprender cuál es la utilidad real del Consejo de Patrimonio si ni siquiera es consultado en una de las intervenciones patrimoniales más relevantes impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años".

Por todo ello, Huermur va a impugnar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno y solicitar que el expediente sea retrotraído para que el proyecto sea sometido al conocimiento y estudio del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural antes de continuar su tramitación.

Huermur concluye que la conservación del patrimonio histórico "exige algo más que anuncios institucionales, propaganda y fotografías. Exige transparencia, participación y respeto a los mecanismos creados para garantizar que las actuaciones sobre bienes protegidos sean examinadas con el rigor técnico y patrimonial que merecen. De lo contrario, el riesgo es convertir la gestión del patrimonio en una mera herramienta de propaganda política, vaciando de contenido los órganos especializados que el propio Ayuntamiento decidió crear para asesorar en esta materia".