MURCIA. En enero del año 2021 se aprobó la última reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Murcia, en la que destacó, entre otros cambios, el impulso al desarrollo urbanístico de la zona norte que tantos calentamientos de cabeza supone ahora para el Consistorio.
Ahora 22 años después el actual equipo de Gobierno dirigido por José Antonio Serrano ha dado el paso previo para una nueva modificación. Y es que la Comisión de Pleno de Urbanismo y Transición Ecológica aprobaba, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y en contra del PP, declarar la necesidad de acometer esa revisión de la herramienta de ordenación urbana, ya que la que actualmente está en vigor fue aprobada en 2001.
El Pleno del jueves deberá ahora dar el visto bueno a esa declaración, como paso previo al inicio de la reforma, un proceso. Serrano ya había avanzado a mediados del pasado mes de febrero su intención de arrancar los trámites de modificación del PGOU antes del final de la legislatura para adaptar la legislación urbanística al nuevo modelo de ciudad que defiende el Gobierno local.
En aquel momento, cifró en un plazo entre 8 y 9 años el tiempo que podría prolongarse el proceso. Se da la circunstancia de que la capital regional no tiene actualizado su plan y a nivel regional Cehegín y Águilas son los únicos municipios de la Región que han actualizado su PGOU en los últimos 15 años.
La revisión del PGOU que se ha aprobado en la Comisión de Urbanismo y que se eleva al próximo Pleno "va a permitir modernizar el municipio de Murcia, haciéndolo más verde, más amable y más vertebrado", aseguraba el concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero.
El Consistorio pretende tener listo pronto el nuevo Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que permitirá desarrollar los convenios urbanísticos que se firmaron en torno a 2006 para la zona norte del municipio y evitar así nuevos pagos a las promotoras.
Los convenios no llegaron a desarrollarse porque la justicia tumbó el plan especial en el que se enmarcaban en 2016 y hasta ahora no se había redactado otro proyecto para ello, si bien los convenios tendrán que ser modificados para ejecutarse en base a este nuevo PEI.
Entre los últimos trámites que se están llevando a cabo, Guerrero ha destacado la adecuación del borrador del PEI a la sentencia firme que da la razón a una de las promotoras, Mamusa, y que obliga al Ayuntamiento a pagar unos 23 millones de euros a esa empresa.