Los cuatro diputados regionales de Vox, en Vistalegre, el pasado mes de marzo. De izquierda a derecha: Francisco José Carrera, Mábel Campuzano, Juan José Liarte y Pascual Salvador (este último no ha sido suspendido cautelarmente). Foto: VOXMURCIA. A las cinco y media de la tarde del miércoles, todo lo que sabían lo habían leído en la prensa. "Hemos recibido un correo electrónico que no puedo abrir. Así que no sé qué se me imputa", confesaba a este diario Juan José Liarte, el portavoz parlamentario de Vox. Un día antes, el Comité de Garantías, un órgano nacional, había decidido la suspensión cautelar de militancia y representación de tres de sus cuatro diputados en la Asamblea Regional: Mábel Campuzano y Francisco José Carrera (quien además es secretario de Mesa de la Cámara), además del propio Liarte. El motivo: "Por decidir unilateralmente el despido de cuatro trabajadores de su grupo parlamentario y quitar como titulares de las cuentas de este grupo a dirigentes nacionales", según precisó la Agencia Efe y confirmaron fuentes oficiales del partido a esta Redacción.
Sin embargo, Liarte se mostraba tranquilo, más preocupado por lograr abrir el e-mail que por el contenido de la misiva. "Hemos actuado siguiendo escrupulosamente la legalidad. Tengo todos los papeles para demostrarlo", apuntaba a Murcia Plaza. "Cuando Presidencia, o sea, Santiago Abascal, vea la documentación y sepa lo que ha ocurrido, verá que es un error". El portavoz considera que "Madrid no conoce bien" las denuncias que, asegura, han interpuesto por "irregularidades detectadas" en el seno del grupo parlamentario.
El diputado murciano, según informó La Verdad, había pedido la revocación de todos los poderes otorgados a dirigentes nacionales y ajenos al grupo parlamentario para realizar movimientos en las cuentas de los fondos públicos de la Asamblea. Esta decisión contó con el respaldo de Campuzano y Carrera; no así del cuarto parlamentario autonómico y expresidente del partido en la Región, Pascual Salvador, que se mantuvo al margen. En una carta enviada a Abascal, los tres diputados acusan a los trabajadores del grupo de actuar "como comisarios políticos", según señala Efe.
Liarte no se plantea en ningún momento acabar en el Grupo Mixto y confía en que "se disolverá" la polémica. "Somos de Vox, tenemos un compromiso muy fuerte con el partido y nuestra voluntad es seguir", aseguró, dando por hecho que cuando sepa el contenido de las acusaciones recurrirá ante la Comisión de Garantías. Los tres diputados tienen un mes para presentar alegaciones. "Y actuaré como diga el partido: si lo quiere hacer interno o si prefiere a través de la prensa. Yo prefería hacerlo por vía interna, pero lo haré como ellos digan", agregó a este periódico.
La suspensión cautelar abre una crisis en el territorio fetiche de Vox, la Región de Murcia, donde protagonizó su gran triunfo en los comicios generales de noviembre de 2019 y donde actúa como socio parlamentario del Gobierno regional. La formación que preside Santiago Abascal ha sido clave para la investidura de Fernando López Miras y para la aprobación de los primeros Presupuestos de un Ejecutivo en coalición. PP y Ciudadanos suman 22 escaños (16 populares y seis naranjas), por lo que Vox es decisivo en la Cámara, cuya mayoría absoluta se sitúa en 23.
En el caso de que los tres diputados fueran expulsados del partido pero decidieran seguir en la Asamblea (el partido no puede quitarles el acta de parlamentarios), deberían hacerlo como miembros del Grupo Mixto, junto con los dos diputados de Podemos. El apoyo al Gobierno, no obstante, se mantendría, pues el voto de Pascual Salvador bastaría para refrendar por mayoría las iniciativas parlamentarias del Ejecutivo.
La dirección nacional ya deshizo la ejecutiva regional el pasado mes de noviembre, con el argumento de renovar sus estructuras provinciales a raíz de las elecciones, y nombró una gestora, con el concejal murciano José Ángel Antelo a la cabeza. En apenas unos meses, desde octubre de 2018, Vox pasó de ser una formación marginal y desconocida a irrumpir con fuerza en las principales instituciones, con presencia en el Congreso, la Asamblea y 35 concejales en 21 municipuios de la Comunidad. En los dos últimos años el presidente había sido Pascual Salvador.
