MURCIA. Un cliente que me visita con cierta frecuencia, de esos con los que es siempre enriquecedor comenzar una tertulia, siempre busca un hueco para referirse a un problema, aparentemente menor, pero que le tiene entre tribulaciones desde hace meses: a lo largo de su vida ha reunido una enorme biblioteca bastante específica pues está formada por volúmenes sobre arte y pensamiento de los últimos dos siglos. Quizás la mejor biblioteca sobre arte del siglo XX y en concreto Vanguardias históricas que hay en València. Estamos hablando de varias docenas de miles de libros. Mi cliente va a dejar este mundo (esperemos que todavía tarde bastantes años), sin descendencia, y sus pensamientos giran en torno a la cesión de esa enorme cantidad de publicaciones.
Además, también es propietario de una amplia colección artística. Su intención es llevar a cabo una donación pero ¿a quién y cómo?. Todo parece sencillo pues no es más que gestionar la generosidad. Sin embargo, son cosas que distan de ser fáciles. No me gusta emplear la expresión “regalo envenenado”, cuando hablamos de arte o literatura, pero tenemos que hacernos a la idea de que la gestión pública de esta clase de donaciones es uno de los grandes retos a los que se van a tener que enfrentar las administraciones, o en su caso los descendientes de estos grandes coleccionistas, en las próximas décadas, teniendo en cuenta la escasez en medios materiales, y personales, que se requieren para llevar a buen puerto estas empresas. Gestionar una donación o herencia, catalogarla, conservarla o restaurarla, y, en su caso, exhibirla públicamente conlleva dedicar importantes recursos públicos de los que hoy en buena medida se carece, puesto que, además, no sabemos qué retorno van a tener.
Hace unos días me pasaron un vídeo que extraído de un noticiario andaluz recogía el caso de un coleccionista importante de Granada. Fallecido quien fuera su pareja y siendo consciente, a su edad, que había que decidir el futuro de los varios centenares de obras artísticas, había que buscarles una ubicación que estuviera a la altura de su relevancia. En casos como este no parece lógico sacarla a la venta la colección si no hay una necesidad económica ¿para qué, entonces, diseminar la colección?. El coleccionista preocupado por su destino la ofrecía a las administraciones locales bajo unas condiciones, según él, muy laxas (se trataba de una donación, si, pero con ciertas condiciones de exposición) y se lamentaba de que ninguna de las entidades públicas granadinas se hubieran mostrado dispuestas a aceptar la donación.
También nos encontramos en parecidas circunstancias en el caso de artistas. Este jueves pasado visité a un relevante escultor valenciano que esta a punto de llegar a la novena década de existencia. Sigue trabajando a pleno rendimiento, hay que decirlo, pero le preocupa qué va a suceder con una importante cantidad de obra que todavía se distribuye por su magnífico estudio. Afortunadamente tiene avanzadas conversaciones con un ayuntamiento de la provincia de València para depositar buena parte de su colección, pero las negociaciones no son fáciles por lo que decíamos al principio y porque se trata de escultura de gran formato.
Tenemos un problema, o mejor, las administraciones y herederos tienen un problema que con el tiempo me temo se va a ir incrementando. Hace, pongamos, un par o tres de siglos los bienes culturales ocupaban los centenares de miles de metros cuadrados de palacios, casas nobles o burguesas, con sus respectivas bibliotecas o las miles de iglesias cuajadas de cuadros, tallas y piezas de orfebrería, más los monasterios y conventos. Desde entonces, la producción de bienes, que hoy en día son coleccionables, aunque sea sólo por la antigüedad de estos, no se ha detenido. Sin embargo, muchas de las piezas culturales salieron de aquellos palacios por las más diversas causas, las desamortizaciones del siglo XIX sacaron a la luz muchos bienes muebles y obras de arte de los edificios religiosos que los albergaron, y las ventas han sido masivas desde entonces. Todo ello dio lugar a muchas de las colecciones que se han ido formando a lo largo del siglo XX hasta hoy en día.
El problema que existe con el patrimonio español en un país como el nuestro en ningún caso es de falta de este, salvo en casos muy puntuales, sino de conservación y mantenimiento del mismo. En los próximos años las administraciones públicas van a ser receptoras de colecciones artísticas de arte antiguo y también moderno. Los modelos familiares y de vida que se dan hoy día con cada vez mayor habitualidad dan lugar a que las administraciones o instituciones sean donatarias o herederas de colecciones y convendría ir articulando un modelo para su gestión, y sería recomendable que el ámbito privado fuera copartícipe de ello.
Debemos evitar que muchas obras acaben en los almacenes de los museos en el mejor de los casos, o en lugares con poco idóneas condiciones de conservación y seguridad en el peor de estos. Las fundaciones pueden ser vehículos para gestionar de cara a la sociedad un patrimonio que las administraciones no van a poder absorber, restaurar, conservar y seguidamente exponer. Ampliar la superficie de los museos es algo que en términos generales parece en estos momentos implanteable, salvo en casos puntuales y estos se ven en la necesidad de ser cada vez más estrictos a la hora aceptar donaciones.
Es necesario, en definitiva, que la sociedad civil y concretamente el mundo de la empresa sea consciente de que está llamada a asumir un protagonismo social que si no asume quedará desierto, sin cubrir, y que de no ocupar el hueco que se provoque lo pagaremos todos en forma de un serio retroceso como país desde el punto de vista cultural.