El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en la Asamblea Regional. Foto: ABEL F. ROSMURCIA. El Gobierno regional, el primero de coalición de la historia de la Región, encara su primer año natural desde que echara a andar en el mes de agosto. 2020 irrumpe como el año para desarrollar los proyectos pendientes, sin olvidar las viejas reivindicaciones murcianas. Algunos problemas golpean con dureza la Región, como son el enquistamiento de la pobreza, como así recoge el último informe de Cáritas, y la salud medioambiental del Mar Menor, que acaba de pasar uno de sus momentos más críticos.
La patronal murciana sólo tiene una idea en mente cuando se le pregunta por la principal exigencia para el Gobierno regional: "La defensa a ultranza, sin ningún tipo de resquemor, del Trasvase Tajo-Segura", responde José María Albarracín. "Es absolutamente primordial", insiste el presidente de la Croem a Murcia Plaza. "Es esencial para el desarrollo de la Región, junto con la dotación económica para revertir la situación del Mar Menor; para los empresarios también es prioritaria que la laguna sea un centro de atracción para el turismo". La confederación regional exige que, ante todo, se proteja el trasvase; especialmente después de que el Ministerio de Transición Ecológica acordara el cierre del grifo del acueducto para regar los meses de diciembre y enero, lo que provocó la indignación de los regantes murcianos y el rechazo de todos los partidos políticos.
En el ámbito empresarial, la patronal reclama que el Gobierno defienda la ejecución del Corredor Mediterráneo, la "optimización" de las actividades logísticas previstas para Murcia y Cartagena y la reivindicación del proyecto de El Gorguel, "que significaría el empujón definitivo para la Región". Albarracín también destaca que, en materia tributaria, se debe seguir en una "retribución justa" que haga a las empresas más competitivas; además pide que la "simplificación administrativa sea una realidad" y que salga adelante el Instituto de Medio Ambiente. Este proyecto, conocido antes como el Arca, "lo estamos pidiendo reiteradamente para que la burocracia exasperante se quede en el olvido", demanda el presidente de Croem.
En materia de educación, todos los sindicatos coinciden: hay que poner fin a los recortes aplicados durante la crisis. Las organizaciones sindicales reclaman la recuperación del empleo docente perdido y la recuperación de derechos sociales y laborales de los profesores. Otro asunto encima de la mesa es el acondicionamiento de los centros educativos de la Región. Piden renovar un parque de colegios e institutos que consideran "antiguo" y efectuar un plan de climatización de los centros, con medidas de ahorro energético. La consejera de Educación, Esperanza Moreno, ya avanzó que la renovación de los centros públicos es una prioridad para el Gobierno.
"Queremos volver a la carga horaria de 2010", expone Nacho Tornel, secretario general de enseñanza de CC OO, que explica que en diciembre expusieron sus reivindicaciones en una reunión con la Consejería de Educación. "Demandamos pasar de 20 a 18 horas en Secundaria, y de 25 a 23 a Primaria", señala a Murcia Plaza, aduciendo que la medida "podría crear 500 puestos de trabajo". También solicitan que se reduzca en dos horas la carga horaria de los maestros y profesores mayores de 55 años sin perjuicio de su salario. "Son medidas que propiciarían la inversión en contratar docentes jóvenes", apunta Tornel.
El último informe de la Fundación Foessa -elaborado con Cáritas- volvió a poner de manifiesto una realidad lacerante en la Región: 273.000 murcianos viven en riesgo de exclusión social. Son personas que viven en la precariedad, y para ellas no funciona el llamado 'ascensor de la movilidad social'. La mitad (unos 138.000 murcianos) padece exclusión social severa, aquejada por "la acumulación" de problemas diarios. Es decir, sufren por no reunir las necesidades fundamentales del ser humano: el trabajo, la vivienda, la educación y la sanidad.
"Cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás", lamentaba en la presentación del informe Raúl Flores, secretario de Foessa y jefe de estudios de Cáritas España. El Gobierno regional tiene mucho trabajo por delante para mejorar la realidad social de esta parte numerosa de la sociedad murciana. Cabe recordar que 38.000 familias y 100.000 murcianos sufren la incertidumbre de quedarse sin hogar. Cáritas también advierte de que 168.000 vecinos de la Región habitan en viviendas inadecuadas.
Es el principal y más grave responsabilidad que ha tenido que abordar el Gobierno desde que tomó posesión. Su gestión marcará toda la legislatura. El episodio de peces muertos, acaecido en octubre, evidenció la crítica salud medioambiental de la albufera y obligó al Ejecutivo murciano a tomar cartas en el asunto, acelerando el decreto de Protección Integral del Mar Menor. Esta norma, aprobada a finales de diciembre en Consejo de Gobierno, está prevista que se convierta en ley con el apoyo favorable de PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea Regional.
La ley endurece las sanciones -con multas de hasta 500.000 euros por infracciones graves-, prohíbe el empleo de fertilizantes en los primeros 500 metros de franja costera, limita los ciclos de cultivos en el Campo de Cartagena y suspende temporalmente los nuevos desarrollos urbanísticos. El decreto también impide la navegación de embarcaciones de motores de dos tiempos, de alta velocidad o con niveles sonoros excesivos, mientras que los pescadores tendrán un nuevo reglamento.
Sin embargo, biólogos, ecologistas y la plataforma Pacto por el Mar Menor expresaron su rechazo al decreto por considerar sus medidas "ineficaces". A su juicio, la nueva ley "marca restricciones ridículas y escasas", porque 500 metros "apenas supondrán 130 hectáreas de cultivo frente a las 60.000 del Mar Menor" y piden que el límite se aumente hasta 2.000 metros, como así reclamó el director de Anse, Pedro García. Precisamente este ecologista también critica que el texto esconde "trampas" porque, considera, "permite sacar adelante proyectos como Novo Carthago".
Desde el Gobierno regional insisten en subrayar la importancia del decreto, elaborado en tiempo exprés tras reunirse con todos los afectados por la situación del Mar Menor. "La sociedad nos ha mandado un mensaje claro: recuperar la laguna y es nuestra tarea; no hay políticas ni intereses partidistas en este camino", remarcó el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien pide el acuerdo de todos los partidos. "Nadie entendería el veto a una ley tan necesaria como esta", afirmó.
El desafío del Mar Menor es trascendental para el Gobierno regional: en juego se encuentra la salud de la laguna salada más grande de Europa, dueña de un ecosistema único, y que se ha visto seriamente dañada tras años de urbanización masiva y agricultura intensiva.
Hace tiempo que la igualdad figura en las agendas de trabajo de los Gobiernos, aunque todavía queda mucho por hacer. Así lo recuerdan las miles de personas que se manifiestan cada 8 de marzo clamando por una igualdad real y reivindicando que todavía hay deberes pendientes. "La realidad de las mujeres en la Región de Murcia es heterogénea", explica Lucía Hernández, periodista de Onda Regional y portavoz de la Plataforma Colombine. "Es imprescindible que desde las instituciones públicas, sus representantes, adopten la perspectiva de género a la hora de la gestión de lo público de una forma integral; porque sólo desde lo público, desde la recuperación de los servicios sociales, es donde se llega a la equidad", expone Lucía Hernández, que es licenciada en Filosofía y Periodismo.
Las políticas de igualdad deben ir más allá del mero acceso a una carrera o a un puesto de trabajo: "Tienen que permitir la ruptura del techo de cristal", considera la portavoz de Colombine. "Y esto sólo será posible si, de forma decidida y valiente, políticamente se acaba con la brecha salarial que hace que las mujeres percibamos un 60% menos de ingresos por el hecho de ser mujeres". Además, como así recalca Hernández, muchas murcianas "se ven obligadas a sobrevivir con trabajos que las convierten en trabajadoras pobres en el sector servicios o en el ámbito de los cuidados". Esta realidad, añade, ancla a las mujeres en lo que se denomina 'el suelo pegajoso'.
Por primera vez, la Vicepresidencia regional está copada por una cartera de igualdad, ejercida por Isabel Franco (Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social). Pero de los gestos se debe pasar a los hechos. "Políticamente se debe mirar de frente a la realidad de las mujeres", apunta Hernández, que cita algunos de los agravios que padecen hoy las murcianas: camareras de piso que cobran a 2,30 por habitación limpia, jornaleras del campo sin derechos y madres que renuncian a su profesión para cuidar, además de otras situaciones como el acoso, el maltrato y la violencia de género. Así, el reto para la política -indica la periodista y portavoz- es "que nos miren con los ojos de la justicia social, sean valientes para atajar esta injusticia estructural, histórica y que ha de tener como decía Machado su mármol y su día".
