Los abogados murcianos vuelven a reivindicar la dignidad del turno de oficio 

Manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita

Desde ICAMUR se ha expresado que los baremos indemnizatorios por la labor realizada no contemplan la totalidad de los procedimientos en los que los letrados del turno de oficio deben actuar en defensa de los ciudadanos menos favorecidos; baremos que en ningún caso cubren el importe de los servicios realizados y con diferencias injustificables en los importes y procedimientos abonados en función al territorio donde se preste el servicio, con una enorme discriminación en las cuantías según se trate de una Comunidad con competencias transferidas en Justicia o dependientes del territorio Ministerio.

Por tanto, exponen en el manifiesto lo siguiente:

- Exigimos el incremento de las cuantías del baremo del Turno de Oficio. Las cuantías por las que se retribuye a los abogados y abogadas del Turno de Oficio por realizar su labor de forma intachable las 24 horas de los 365 días del año siguen siendo ínfimas.

- Es necesaria la introducción de un sistema de actualización automática anual del baremo.

- Deben incluirse en el baremo de pago del Turno de Oficio los módulos necesarios para contemplar todos los tipos de actuaciones que se realizan por los abogados del Turno de Oficio en ejercicio del derecho de defensa del ciudadano.

- El baremo debe permitir abonar todas las actuaciones y procedimientos que realizan de forma efectiva los abogados del Turno de Oficio. Este importe debe cubrir igualmente los gastos de prestación del servicio como el transporte o la formación.

- Es absolutamente injusto que los Abogados y Abogadas del Turno de Oficio no puedan percibir compensación económica alguna cuando no hay una resolución de justicia gratuita concediéndola, pese a haber realizado todo el trabajo de defensa, haciendo recaer en el profesional el poder cobrar dicha compensación directamente del ciudadano. Ello es desconocer la realidad social en que se desenvuelve la labor del Abogado de Oficio y una injusticia flagrante. Si un ciudadano no es acreedor al beneficio de justicia gratuita debe ser el Estado el que le exija el pago de la atención recibida y no hacer recaer esa obligación en el Abogado que ha prestado sus servicios.

-Exigimos el pago mensual de la indemnización evitando, especialmente a finales y principios de año, la acumulación de meses sin hacerlo efectivo, bloqueando los importes con excusas de incidencias y otras causas que no tienen amparo legal.

En definitiva, se trata de reivindicaciones legítimas, justas y razonables que deben ser atendidas.