MURCIA. "No lo vamos a permitir". El pacto fiscal del PSC con ERC ha desatado la indignación en el Gobierno regional. El presidente murciano, Fernando López Miras, considera que el acuerdo es "inmoral" y también "ilegal", porque entiende que el Ejecutivo central sella con los independentistas un sistema de financiación "exclusivo, singular y único". Y lo hace además "desde la desigualdad y la insolidaridad" con el resto de territorios autonómicos. Y, por ello, López Miras no se quedará de brazos cruzados y asegura que la Comunidad Autónoma ya está estudiando los mecanismos para frenar el llamado 'cupo catalán', con medidas tanto políticas como judiciales.
¿En qué consiste el pacto fiscal que ha permitido que Salvador Illa acceda a la Presidencia de la Generalitat catalana con el apoyo de Esquerra Republicana y los Comuns? Grosso modo, viene a ser una financiación a la carta, similar a la que tienen el País Vasco y Navarra. Cataluña abandonará el régimen común, del que forman parte 15 comunidades, y pasará a tener un sistema de financiación muy parecido a los cupos vacos y navarros.
Así, Cataluña va a recaudar el 100% de los impuestos y, a cambio, entregará una cantidad por el coste de los servicios que el Estado presta en tierras catalanas (Defensa, Asuntos Exteriores, infraestructuras estatales...). Además, la Generalitat pagará una cifra por solidaridad con el resto del país. El pacto también incluye más fondos para Cataluña, ya que recibirá más recursos "para compensar" mientras no se solucione el actual modelo de financiación. Y, asimismo, el Estado y Cataluña crearán un Consorcio mixto para gestionar y ejecutar las inversiones del Gobierno central en tierras catalanas.
No obstante, para que sea una realidad, el nuevo concierto deberá aprobarse en el Congreso de los Diputados, ya que exige una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Es decir, ahora se debe poner en marcha una tramitación parlamentaria y el Gobierno deberá conseguir el apoyo de todos sus socios en la Cámara Baja. Aun así, el objetivo que se marcaron socialistas y republicanos es que se apruebe en el primer semestre de 2025 para que entre en vigor a partir de 2026.
El Ejecutivo murciano aduce que la Región de Murcia será una de las más perjudicadas. De hecho, Fedea (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada) calcula que la Región de Murcia puede perder un 10,7% de financiación del Estado por el 'cupo catalán'. No obstante, el director de esta institución, Ángel de la Fuente, todavía no tiene datos precisos de la pérdida de fondos, pero sí está convencido de que Murcia será "especialmente perjudicada". Para el líder de los socialistas murcianos, José Vélez, que opina que la elección de Illa es una buena noticia para Cataluña y España, cree que las estimaciones de Fedea son "pura especulación" porque "no hay una propuesta cerrada para actualizar la financiación".
En cualquier caso, esta semana se conocía el dato, facilitado por Fedea, de que la Región vuelve a a ser, por segundo año seguido, la comunidad peor financiada del país, porque recibió en 2022 -el último ejercicio con datos actualizados- una financiación por habitante ajustado de 3.056 euros, mientras que la comunidad mejor financiada, La Rioja, recibió 3.954 euros por habitante. Eso significa que cada uno de los habitantes de la Región recibió 309 euros menos que la media nacional y 898 euros menos que los ciudadanos de La Rioja para sanidad, educación y servicios sociales.
Para López Miras, el pacto fiscal es "bochornoso" porque "va a perjudicar gravemente a los españoles y especialmente a los murcianos". Y acusa a Pedro Sánchez de asegurarse la permanencia en La Moncloa con "el dinero de todos los españoles, especialmente con los más perjudicados del sistema de financiación, que son los murcianos". Además lamenta que el nuevo concierto rompe el Estado de Derecho basado en el principio de igualdad y solidaridad entre todos los territorios y también "va contra la Constitución". Por eso, advierte, "vamos a acudir a los tribunales de Justicia cuando esto se consuma".
No sería la primera vez que acude a la batalla judicial. El pasado lunes la Comunidad interpuso un contencioso-administrativo para que Sánchez "cumpla la ley" y convoque una Conferencia de Presidentes para abordar, entre otros asuntos, el tema de la financiación. Otra decena de autonomías gobernadas por el PP también han recurrido a la Justicia. López Miras, muy crítico esta semana con Sánchez -le responsabiliza de "una connivencia" con la fuga de Puigdemont para mantenerse en el poder-, lamenta que el presidente "sólo habla con un territorio, con los que quieren romper España, pero no quiere hablar con el resto". Ante esto, asegura, sólo le queda la bala de los jueces.