CARTAGENA. Lhicarsa, la empresa que se encarga de la limpieza de las calles de Cartagena y la recogida de basura y de la que el Ayuntamiento mantiene una participación, se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Y lo es para los usuarios, que califican su trabajo de deficiente, pero también para el propio Ayuntamiento cartagenero, que trata de buscar la fórmula para quitar una concesión de cerca de 30 años y que arrastra demasiadas deficiencias, en perjuicio de la ciudad. Pero también es un problema para sus propios trabajadores, que litigan con los propietarios por una cuestión de subidas salariales y reconocimientos laborales. Muy elocuente fue la que era por entonces vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el pasado mes de febrero, durante un Pleno Extraordinario promovido por MC Cartagena para exigir a la empresa y al propio equipo de Gobierno luz y taquígrafos en las cuentas de la concesionaria: "Lhicarsa es la historia de un fracaso", subrayó.
Los empleados han decidido denunciar ante los tribunales a la empresa y la empresa ha decidido acudir a un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por no hacer una revisión al alza de los precios. Mientras se suceden las denuncias, el equipo de Gobierno busca la fórmula para sacar la concesión del servicio en los próximos años, indemnizar a Lhicarsa y evitar que esta tenga que cumplir el contrato, que está vigente desde el 17 de noviembre de 1994 y que, tras sucesivas prórrogas, ha ido extendiéndose hasta 2030.
El pasado mes de mayo, el Comité de Empresa manifestaba sus desavenencias, motivadas por "el impago de la subida salarial pactada con la empresa" tras negarse ésta a "hacer los pagos correspondientes a la subida del IPC, pactado en el convenio colectivo de la región". Argumentó la empresa que se encuentra con gastos salariales difíciles de asumir, y, "sin que exista revisión de precios por parte del Ayuntamiento" por lo que el pago "es inviable".
Pues bien, ante esta actitud de la empresa, el Comité de Empresa decidió acudir el pasado mes de octubre a la Oficina de Mediación y Arbitraje Laboral de la Región. Dicha reunión, a la que acudieron por parte de Lhicarsa Javier González y Manuel Marín, acabó sin acuerdo alguno. El mediador les ofreció a las partes la posibilidad de someter el conflicto a un arbitraje en dicha oficina, pero lo rechazaron. De esta manera, los trabajadores darán un nuevo paso en este litigio abierto con la empresa y acudirán a los tribunales.
A finales del pasado mes de octubre, durante la reunión del Consejo de administración de la empresa de limpieza, los consejeros de FCC -empresa que posee la mayoría de la propiedad- manifestó su intención de presentar un recurso contencioso administrativo contra el propio ayuntamiento al decidir éste no atender la revisión de precios solicitada por la empresa para la que, según el informe del Tribunal de Cuentas, no hay base legal.
En septiembre de 2022, el Tribunal de Cuentas un informe al Ayuntamiento de Cartagena en el que detectaba numerosas irregularidades en el contrato de limpieza de Lhicarsa. La actual concesión es la más cara para el Ayuntamiento, un total de 36 millones de euros anuales por la limpieza y recogida de basuras de las calles, barrios y diputaciones de la ciudad, que, como la mayoría de los vecinos conocen, ha sido puesta en entredicho en infinidad de ocasiones.
