CARTAGENA. Cuando la viabilidad del Real Club de Regatas de Cartagena parece encaminada, los nuevos directivos, nombrados a mediados del pasado año, se han encontrado una nueva piedra en el camino. Y es que un grupo de socios ha decidido impugnar los acuerdos de la Asamblea del día 18 de septiembre último. En la asamblea se decidió que los socios aportaran 450 euros al fondo social y con esta medida "tendremos suficiente para rellenar el defecto de balance de 130.000 euros y las pérdidas que se prevén para este año -2022-, que son de 20.000 euros", decía en aquel momento el propio presidente, Gabriel López, a Cartagena Plaza.
Gracias a esta decisión, que garantizaba que el RCR Cartagena no quedaba en quiebra, lograron, por parte de la Autoridad Portuaria, el pasado mes de enero una prórroga para poder seguir utilizando las instalaciones del club en el Puerto. Además, recientemente ha solicitado que le sea otorgada la concesión administrativa con destino a la gestión y explotación de la dársena deportiva en el Muelle de Alfonso XII del Puerto de Cartagena, así como la varada que se asigna, y el suministro de combustible a las embarcaciones de recreo.
La impugnación de aquella asamblea supone un obstáculo añadido a los intentos de la directiva de buscar la mejor solución para la entidad y sus dirigentes han comunicado a sus socios que no les queda otra que "defender la legalidad de los acuerdos adoptados por la asamblea, los cuales se aprobaron con la única finalidad de mantener la viabilidad y continuidad del Real Club de Regatas. Siendo éste nuestro propósito, realizaremos las actuaciones judiciales correspondientes en defensa de los intereses de nuestro club, que no es otro que la continuidad del mismo de una forma solvente y estable".
El presidente del club reitera que aquella actuación de septiembre pasado dio la posibilidad de solicitar las concesiones, ya que no se cumplía con la Ley de Puertos para poder hacerlo y que después de haberlo explicado a los socios, estos lo votaron por amplia mayoría. Ahora, añade que no entiende el motivo de poner en duda la legitimidad de esta aportación, sino es otra que volver a poner al club en situación de insolvencia con todas sus consecuencias (no cumplir la ley de puertos, no tener derecho a las concesiones, tener que pedir probablemente al juez del concursal intervenir el Club, etc. )
En una Asamblea de socios López comunicó que si alguien no se creía que estaban solo trabajando en el interés del club que lo dijera y dimitían toda la junta en ese mismo momento, pero ningún socio pidió nuestra dimisión.
Al socio que lidera la demanda, cuando informó en una Asamblea que había puesto la misma le ofrecieron formar parte de la junta directiva para que pudiera vivir todo de primera mano y ayudar, pero se negó a participar en la junta directiva, asegura el presidente, que no entiende el motivo de poner "palos en las ruedas cuando solo pretendemos salvar al club".
Son varias las especulaciones que se han abierto a raíz de la denuncia interpuesta, entre ellos que algún grupo de presión pretende quedarse con la concesión del edificio y de la gestión de los muelles, de ahí que se trate de socavar los cimientos del propio club, algo que, se convierte en un foro de discusión entre los propios asociados, pero sin más pruebas que las conjeturas de los mismos, ante una actuación para muchos incomprensible.
