MURCIA (EFE). El consejero de Agua, Antonio Luengo, y la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, han acordado este lunes presentar un contencioso-administrativo unificado contra la decisión del ministerio para la Transición Ecológica de no aprobar un trasvase para riego desde el Tajo en contra de la recomendación de la Comisión técnica que explota el acueducto.
Además solicitan una reunión a primeros de enero con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique su decisión, que consideran política y que afecta a tres territorios del país y a un sector económico, al tiempo que pedirán un encuentro con el comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, y con el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para explicarles el freno a la desertificación en esa zona de Europa mediante una agricultura sostenible en regiones con déficit hídrico.
Luengo calificó de "sectaria" la decisión de la ministra, a la que Crepo culpó de "poner las cosas difíciles" para poder luchar desde el sur contra el cambio climático en tanto en cuanto tal decisión "absolutamente arbitraria" supone quitar un recurso fundamental a una agricultura sostenible y ecológica, más si cabe cuando los propios técnicos habían propuesto una posibilidad de trasvasar 19,6 hectómetros cúbicos de agua.
"No entendemos su decisión. La vemos como un ataque a un sector productivo", insistió Crespo, quién advirtió a Pedro Sánchez y su Ejecutivo "que digan ya" si la intención última es el cierre del trasvase del Tajo. "Tendrán que decirlo muy claro", añadió.
En la reunión con la ministra le pedirán que rectifique su decisión "por el bien de una agricultura sostenible", mientras que en el encuentro con los comisarios europeos les darán a conocer datos sobre la agricultura de alta calidad que se desarrolla en el Levante español y sobre la lucha contra el cambio climático, siendo Murcia una de las autonomías con mayor porcentaje de reutilización de agua y de depuración de residuales.
De todo lo acordado hoy por ambas comunidades harán partícipe a la Comunidad Valenciana, cuya provincia de Alicante también se ha visto afectada por el último trasvase cero y, previsiblemente también podría ser el contencioso-administrativo contra tal decisión consensuado con esa autonomía.
Por otra parte, y preguntado Luengo sobre las primeras actuaciones que llevarán a cabo tras la entrada en vigor el día 28 del decreto del mar Menor, respondió que analizar con detenimiento qué debe hacerse con las redes de saneamiento marmeronenses y explicar con detenimiento a los sectores más implicados en qué consiste esta nueva normativa.