MURCIA. Casi cuatro años después de que la Asamblea Regional diera el primer paso, la reforma al fin ha visto la luz. Los aforamientos políticos y la inmunidad política desaparecen en la Región de Murcia. El Senado ha aprobado la eliminación de esta figura jurídica con 227 votos a favor, 30 abstenciones y ninguno en contra. Con este paso, se cierra el último de los trámites parlamentarios de una medida que se inició en abril de 2017, cuando el Parlamento murciano acordó por unanimidad la supresión de los aforamientos.
A partir de ahora, un diputado de la Asamblea Regional o un miembro del Gobierno murciano -incluido el presidente- ya no tendrá que responder únicamente ante el Tribunal Superior de Justicia, tal y como estaba estipulado hasta hoy en virtud del aforamiento, sino que podrá rendir cuentas ante la llamada de un juzgado ordinario. Los políticos, igualmente, pierden la inmunidad, lo que significa que, en caso de que cometieran delitos graves, pueden ser detenidos por la Policía.
Al tratarse de una medida que requería la revisión del Estatuto de Autonomía murciano, las Cortes Generales (el Congreso y el Senado) debían dar su autorización, pero el proceso se ha dilatado en el tiempo, condicionado por las diferentes convocatorias electorales y por otros imprevistos, como la pandemia del coronavirus. En 2017, la Región fue la primera de toda España en acabar con los aforamientos, pero, desde entonces, ha visto cómo Canarias le ha pasado por delante al lograr la aprobación del Congreso y Senado, a pesar de que los canarios iniciaron el proceso después.
La reforma que ha validado el Senado eliminaba el segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto murciano, que decían así: "[Los diputados y los miembros del Gobierno regional] no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".
La Cámara Alta ha apoyado la supresión de los aforamientos con el apoyo mayoritario de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos, entre otros grupos. Con todo, el texto debe volver al Congreso para su ratificación definitiva, pero, explican, se trata de un mero formalismo. La Cámara Baja, de hecho, ya la aprobó en octubre con una amplia mayoría.
El senador murciano de Ciudadanos, Miguel Sánchez, defendió en la tribuna de la Cámara que los aforamientos suponen "una quiebra clara del principio de igualdad" y "una alteración del artículo 24.2 de la Constitución", que dispone que todos tienen derecho a ser juzgados por un tribunal ordinado predeterminado y no un tribunal especial. "Es un privilegio" que, añadió, "aleja los políticos de los ciudadanos que representan". Y, en su opinión, esta reforma "pondrá en el suelo a los políticos no honrados, como los que se han saltado las vacunas en la Región de Murcia".
Sánchez aprovechó su intervención para pedir disculpas por su bronca -su "enfado"- en el pleno de diciembre, cuando clamó por el enésimo retraso de la reforma, que entonces se cayó del orden del día para dar prioridad a los Presupuestos del Estado. Un ejemplo de la vicisitudes que ha sufrido la eliminación de los aforamientos. "Hemos estado cuatro años esperando; ha sido una travesía en el desierto", reconocía el senador, que "ha completad el círculo", porque participó en las primeras ponencias en la Asamblea Regional para sacar adelante el fin de esta figura jurídica.
No en vano, Sánchez fue uno de los primeros en iniciar "este viaje" en el Parlamento regional, lo defendió después ante el Congreso y este miércoles contemplaba in situ la aprobación definitiva en el Senado. De hecho, el dirigente naranja se acordó de muchos de sus compañeros en la anterior legislatura de la Asamblea Regional y les dio las gracias: Óscar Urralburu y María Giménez (entonces diputados de Podemos), Joaquín López Pagán, Rosa Peñalver y Emilio Ivars (PSOE), Víctor Martínez (PP) y Violante Tomás (hoy senadora popular, entonces consejera de Familia).
El senador del PP, el también murciano Francisco Bernabé, disertó sobre la diferencia entre privilegio y prerrogativa, ya que en su opinión "aforamiento" no significa "impunidad", sino que "los aforados son juzgados por jueces predeterminados generalmente más expertos y cualificados, y constituidos en órganos de carácter pluripersonal para resistir mejor las presiones externas". Con todo, Bernabé pidió una reforma que abarque a todo el país porque "suprimiendo esta figura sólo en la Región de Murcia, y sólo para sus 55 políticos que tienen esta condición, se está poniendo un parche incompleto e insuficiente, generador de desigualdades y agravios comparativos entre territorios".
En su intervención, Bernabé recordó a Pedro Antonio Sánchez, el expresidente de la Comunidad que dimitió precisamente días antes de que la Asamblea acordara la supresión de los aforamientos. "Rompo a su favor una lanza, y mil más si hicieran falta, a quien nunca se le respetó una institución tan sagrada como es la presunción de inocencia", dijo. "Dejó una Presidencia ganada limpiamente en las urnas tras una cacería política y mediática sin precedentes". Un hombre, agregó, que ha visto "cómo año tras año los jueces han ido archivando todas las falsas denuncias que interpusieron contra él".
Desde Vox, el murciano José Manuel Marín expresó que su grupo está en contra de los aforamientos pero indicó que para que "sea eficaz, debe ir unida a la despolitización de la Justicia, tanto el Consejo General como la Fiscalía". Desde el PSOE, la senadora Lourdes Retuerto proclamó que hoy se eliminaba "para siempre los privilegios que representan los aforamientos políticos" y lanzó un dardo a Bernabé: "Son privilegios que el PP ha mantenido durante 25 años con el único objetivo de que sus dirigentes, a los que tanto defiende Bernabé, siguieran actuando con total impunidad".
