MURCIA. A consecuencia del confinamiento por la pandemia de la covid-19, quienes vivimos en pedanías o en las afueras de la ciudad de Murcia hemos podido comprobar cómo la frecuencia del transporte público por bus se reducía de forma ostensible. En algunos casos la oferta de la empresa concesionaria ha caído un 65% de media respecto a la situación anterior al primer estado de alarma. La declaración de este, en conjunción con la política de ERTE facilitada por el Gobierno de España, sirvió a la dirección de la compañía Travimusa (LAT) para aliviar su situación financiera, reduciendo de forma notoria sus costes de explotación al colocar al 30% de su plantilla bajo tal figura jurídica, siendo asumidos a partir de ese momento nóminas y seguros sociales por el erario público.
"el conflicto que subyace radica en la intencionalidad de renovar a la baja una futura adjudicación del concurso o la supresión de los servicios públicos per se"
Quizás sea necesario recordar que la concesionaría había salido de un concurso voluntario de acreedores en el que convertía deuda a corto en deuda a largo plazo con vencimiento en 2027. Sorprendentemente, una vez acabado el confinamiento y retomada la nueva realidad, incluidos los desplazamientos por el municipio para la realización de todo tipo de trámites laborales, educativos, ante la Administración y sanitarios, podemos comprobar cómo la oferta de transporte (en contra de lo que la lógica de salubridad nos sugeriría, más frecuencias para evitar máximo aforo) permanece, en el mejor de los casos, exactamente igual a la situación tras decretarse el estado de alarma.
El primer paso para tratar de acercarnos a la realidad del problema es ver si las transferencias al transporte público que se reciben tanto por el Ayuntamiento como por la Comunidad Autónoma se han visto reducidas. En realidad, tras el análisis de los datos, solo la transferencia del Ayuntamiento a las concesionarias del transporte público ha sufrido una ligera reducción del 2,66% (pasamos de una dotación en transferencias a empresas del transporte para el ejercicio 2019 de 19.282.973 euros a 18.782.973 euros para el 2020). Por el contrario, las transferencias de la CARM para el fomento a las líneas de pedanías experimentan un ligerísimo repunte: pasamos de 439.095 euros en 2019 a 440.000 euros en el presupuesto de 2020 .
Es el propio consejero de Fomento el que ha cifrado el déficit de explotación para seguir manteniendo los servicios tal y como estaban en 3.600.000 euros. Esta cantidad la esgrime el Sr. Díez de Revenga en el mismo momento en que el Consejo de Ministros del Gobierno de España había adoptado la supresión de las reglas fiscales, sabiendo, por su parte, que el motivo que aduce, de insostenibilidad del resultado de explotación de la compañía quedaría más que en entredicho, al poder, con la supresión de las mismas, tener la Comunidad más margen de negociación y financiero para solventar el problema.
Además, con su actitud ha puesto de relieve el conflicto que subyace tras la reducción de la oferta en el transporte público, de la que paradójicamente el servicio de Tranvía, que beneficia a un 11% de la población del municipio, no experimenta ninguna merma sustancial –constituyendo por tanto una auténtica transferencia de renta del 89% de la población restante, que no ve por la dejadez de sus gobernantes locales y autonómicos contraprestación alguna-.
Como decíamos, el conflicto que subyace radica en la intencionalidad de renovar a la baja una futura adjudicación del concurso o la supresión de los servicios públicos per se. Por si el 'cable' lanzado desde Moncloa a la autonomía no fuera suficiente (supresión de las reglas fiscales), del escrutinio del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 podemos analizar la existencia de una partida presupuestaria superior a 51 millones de euros para subvencionar el transporte local (el transporte local debe ser suministrado por los municipios con población superior a los 50.000 habitantes), y dada la dispersión poblacional y el número de habitantes del municipio de Murcia, este sería necesariamente uno de los más beneficiados por dicha partida, pasamos el enlace.
Bajo tales parámetros solo puede señalarse como irresponsable la actitud del consejero y el alcalde Ballesta de no sentarse con las partes, comité de empresa y dirección de Travimusa, a negociar la única salida posible, que es el retorno a la situación anterior al estado de alarma, así como la negociación de la mejora de las líneas y su frecuencia. La solución financiera al problema sería clara si no fuera por las propias limitaciones (inexcusables) que las bases de ejecución del presupuesto de la corporación local presentan a los mecanismos de ampliación de crédito. Invalidada esta vía creemos que la realización de un expediente de crédito extraordinario sustentado en la recepción de fondos por parte del Ministerio de Fomento en base a la partida más arriba señalada podría tener cobertura legal y ser más que suficiente.
Aun así, siempre cabría, una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, la negociación de las partes implicadas con los acreedores financieros de Travimusa de cara a aplazar vencimientos de deudas salvables con la Transferencia del Gobierno de España e incorporar la misma en los Presupuestos del próximo ejercicio, que deberían tramitarse en tiempo y forma, como venimos denunciando de forma sistemática desde Izquierda Unida en Murcia, con el único objetivo de buscar la solución más beneficiosa para las partes, sacar a los trabajadores del ERTE y prestar un servicio público y de calidad para las vecinas y vecinos del municipio.
Vemos que soluciones hay, siempre y cuando exista una verdadera voluntad política de llevarlas a cabo. Desde Izquierda Unida queremos manifestar nuestro total apoyo a la huelga de Latbus, así como a todas las acciones y convocatorias que realice el comité de empresa de Travimusa, con el que compartimos el mismo objetivo, desencallar el conflicto en aras de la prestación del mejor servicio para las y los ciudadanos de Murcia.
Alicia Martínez Jiménez.
Coordinadora de Izquierda Unida en el municipio de Murcia.
Miguel Ángel Pagán Navarro.
Economista. Miembro del Grupo Economía y Trabajo de IU en el municipio de Murcia.