El consejero de Hacienda, Javier Celdrán.MURCIA. El tramo autonómico del impuesto de IRPF bajará en 2020. Así lo anunció el Gobierno regional, que este lunes aprobó el proyecto de ley de los Presupuestos, que contempla la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se trata del segundo año consecutivo que la Región vuelve a bajar este tributo, que ya se aplicó en 2019. El Gobierno prevé seguir bajando este impuesto hasta 2023.
Así, para 2020, el Ejecutivo murciano rebajará un escalón el tipo impositivo de todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF. Esta reducción beneficiará a más de 300.000 contribuyentes murcianos, que se ahorrarán más de 15 millones de euros, según los datos del Ejecutivo. Esta bajada supondrá un ahorro medio de 50 euros por contribuyente. La rebaja fiscal afectará a las rentas comprendidas entre 12.450 y los 34.000 euros.
No es la única rebaja de impuestos recogida por el Gobierno en sus cuentas. Sobre las escuelas infantiles, las familias podrán desgravarse por primera vez en la declaración de la renta que hagan en abril "y que devolverá a sus bolsillos un total de tres millones de euros", según detalló el consejero de Hacienda, Javier Celdrán. Además, para 2020 se mantienen las deducciones de hasta 300 euros en el IRPF por nacimiento o adopción de hijos y hasta 1.000 euros por gastos en guarderías.
Sobre los impuestos que gravan la compra de viviendas, también se mantendrá un tipo reducido del 0,1% en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad. Las personas con discapacidad dispondrán de una rebaja del 8 al 3% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, "lo que supone un ahorro total de un millón de euros", anunciaba Celdrán.
Ante las preguntas sobre si puede bajar impuestos en una Comunidad marcada por una elevada cifra de deuda, que roza los 10.000 millones de euros, Celdrán argumentó que el 85% de la deuda se debe a la financiación autonómica. "Queremos atraer inversores, buscamos evitar una evasión de empresas y de inversiones", defendía el consejero, partidario de poner "facilidades a los inversores y a los que generan puestos de trabajo y riqueza".
