La política de los pequeños detalles

MURCIA. Si nos preguntaran a los ciudadanos e incluso a los líderes políticos un listado reducido de los aspectos de la política que más nos preocupa, nos afecta o simplemente le prestamos más atención, prácticamente todos enunciaríamos el gasto en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, el medio ambiente y el cambio climático. Y puede que algunos incidieran en la presión fiscal.

Las medidas, las movilizaciones, los titulares y, sobre todo, las soflamas y ocurrencias, versarán sobre alguno de estos aspectos en un porcentaje muy elevado.

Sin embargo, para llegar a poder acometer estas políticas tan palpables, necesitamos desarrollar un esfuerzo enorme en otras políticas no tan visibles, pero absolutamente imprescindibles. Son esas pequeñas cosas por las que no se brama pero que constituyen la base para poder realizar las demás.

En el artículo de opinión del pasado año del 24 de abril, desarrollaba la necesidad de optimizar la eficiencia en el gasto público como la forma ideal de mantener y mejorar servicios públicos sin la necesidad de incrementar la presión fiscal. De hecho, propongo en este sentido esforzarnos en evaluar, medir, rendir cuentas, profesionalizar, publicar con trasparencia… y una vez hayamos exprimido esa eficiencia, entrar en los debates ideológicos de mayor o menor tamaño del Estado, y por ende, mayor o menor presión fiscal y pactos de rentas. Supeditar estos a la eficiencia.

En pleno debate sobre la sostenibilidad medioambiental y, en menor medida, la sostenibilidad de las pensiones, crecen las dudas sobre otro factor muy importante que carece de sostenibilidad en este momento: la deuda pública. Porque el gran drama de las deudas es que se tienen que devolver. Si no fuera así, viviríamos mucho más aliviados, pero nuestro ancestro judeocristiano hace que nos detengamos en las culpas y en las devoluciones. ¡Válgame, Dios! La suma de tantas cosas poco sostenibles tiene la trágica consecuencia de dejar un mundo inviable para futuras generaciones.

Cuando un partido político se propone buscar vías para hacer atractivo un territorio como receptor de inversiones y de desarrollo económico, lo normal es que acuda a la reducción de la presión fiscal y/o a la política de incremento de ayudas para hacerlo. Sin embargo, hay otros factores de igual o mayor trascendencia en los que no reparan demasiado:

• La inseguridad jurídica es una barrera muy perceptible por ese emprendedor que busca un lugar para desarrollar su actividad. Y la incontinencia normativa y la mala redacción de las normas jurídicas nos están llevando en los últimos años a la paralización, desconcierto y la desincentivación de la actividad económica. Las constantes revisiones constitucionales y supremas de los últimos años (con el desafortunado caso de la Ley del solo sí es sí en nuestras cabezas, pero no el único) y esa incontinencia, que según un estudio editado recientemente por el Banco de España afecta más a la pequeña empresa y de reciente creación, es un estímulo a la salida y no a la entrada de capitales.
• La falta de transparencia en la contratación pública, esas barreras de acceso insalvables a empresas de pequeña dimensión, ese "tufillo" a que siempre "se las dan a los mismos". Todo esto aparta a muchos emprendedores generando dos efectos perniciosos: la dificultad para el desarrollo de una actividad económica y la menor competitividad de los interesados que pugnarán por un servicio público más laxo en cuestiones de eficiencia y calidad.
• La calidad institucional y los niveles de corrupción cuestan dinero y son piezas fundamentales para el desarrollo económico de los países. Así de clara es la conclusión a la que llegan en el informe editado por la Fundación BBVA y escrito por Fernando Jiménez y Francisco Alcalá en 2018 Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Según este estudio, el impacto de una mejora de la calidad institucional y de gobernanza supondría en distintos escenarios un incremento potencial a largo plazo del PIB per cápita. Podría ser de 1,2% anual. El dato es difícil de medir y sujeto a muchos condicionantes, pero, sin lugar a dudas, supone un impacto económico nada despreciable.

Aunque suponga una obviedad, últimamente lo estamos viendo normal. Una barrera a la actividad económica es ser culpabilizado de las subidas de precios, de ser indecente por ganar dinero en tu negocio, de ser un mal patriota por desarrolla tu actividad en otro país, de haber matado a Manolete… ¿De verdad queremos atraer actividad económica demonizando a quien puede decidir hacerlo?

Desgraciadamente, estas "pequeñas cosas" no son puntos calientes de debate. De hecho, la despreocupación que tenemos como ciudadanos y electores de estos detalles de eficiencia, buen gobierno, transparencia, calidad institucional y seguridad jurídica es señalada como uno de los principales motivos de su escasa calidad.

Con humildad, pero con firmeza, exijamos a nuestros representantes políticos que se detengan en los pequeños detalles. En esas cosas que no se notan cuando nos va bien. Sin ellas, no es posible experimentar esa sensación.