La oposición exige a Miras y Revenga que den explicaciones sobre la detención del ex director de Carreteras

MURCIA. Los principales partidos de la oposición piden explicaciones al presidente de la Comunidad y al consejero de Fomento sobre la detención del director general de Carreteras, José Antonio Fernández Lladó, que fue destituido fulminantemente este miércoles tras conocerse su arresto por una presunta implicación en una trama en la cárcel de Sangonera la Verde. Cabe mencionar que el arrestado era un alto cargo de la Consejería que dirige José Ramón Díez de Revenga.

"El Gobierno de López Miras vuelve a manchar la imagen de la Región de Murcia con una nueva trama de corrupción en la que está inmersa un alto cargo de su Ejecutivo", claman desde el PSOE. "El cese no es suficiente. Queremos saber el papel de Fernández Lladó en todo este asunto", reclamó Podemos. 

Ciudadanos, que fue el primer partido en reaccionar ante la noticia, también pide al presidente murciano que dé explicaciones "inmediatas" en la Asamblea. "La corrupción es el cáncer de la democracia, y el PP debe de una vez dejar de ser ambiguo y con valentía tratar de eliminarla de entre sus filas", recriminan.

Desde el PP, tras conocer las reacciones de los partidos de la oposición, esgrimieron que "los hechos investigados no tienen ninguna vinculación con el Gobierno regional" y piden que se "respete la presunción de inocencia y deja a la justicia actuar".

Los populares recalcan que "los hechos que se están investigando se circunscriben única y exclusivamente a la esfera personal y privada de b" y, apostillan, "en ningún caso tienen ningún tipo de relación con su actuación al frente de la dirección general  ni tiene relación alguna con el Gobierno regional ni con el PP". A su juicio, "los hechos que están siendo investigados nada tienen que ver con con la función que venía desempeñando como responsable público".

El Ejecutivo, en su nota, adujo que la destitución de Fernández Lladó se debía a que la supuesta implicación "en unas investigaciones policiales relacionadas con su esfera estrictamente privada" es "incompatible con la exigencia ética del Gobierno regional".