¿La ocasión perdida para la evaluación de las políticas públicas?

MURCIA. En un mar de ruidos, descalificaciones, zafiedades, bulos e histrionismo, me gustaría recordar los tres pilares en los que se deben basar un buen ejercicio de gobierno: la seguridad jurídica, la trasparencia y la evaluación continua del gasto para conseguir la máxima eficiencia.

A partir de ahí, caben distintos enfoques ideológicos que nos pueden llevar a distintas soluciones. Cada uno tendremos nuestras propias opiniones sobre si una es mejor que otra y, finalmente, una correcta evaluación nos dará o quitará la razón.

"La mediocridad amenaza la libertad, la igualdad y la cohesión"

Y la realidad es que, a día de hoy, en cualquier nivel de las Administraciones Públicas, los tres pilares de un Estado de Derecho próspero y eficiente están en tela de juicio. La mediocridad no solo no nos hace prosperar, sino que supone una alarmante amenaza a la libertad, la igualdad y la cohesión.

Empiezo con este artículo a tratar el estado de estos 3 pilares, empezando con la evaluación de las políticas públicas.

Podríamos rellenar varios tomos de ejemplos de políticas públicas que han generado un gasto inútil, un endeudamiento incontrolado, un traslado de recursos donde no era necesario o simplemente un conflicto de intereses. Una nube entera de almacenamiento diría yo.

Por poner meros ejemplos, ¿creen que se hubiera construido el auditorio en Puerto Lumbreras con un informe de evaluación del gasto? ¿y la desaladora de Escombreras? Por no hablar del coste que va a suponer a la Administración central los impagos de préstamos con aval de ICO que se dieron en la pandemia. (Por cierto, si sumamos los créditos ya considerados dudosos a los que están bajo vigilancia de impago, llamados Stage 2, podemos alcanzar la friolera de 21.000 millones a costa del Estado y otros 6.000 para los bancos).

Hay una noticia esperanzadora en este desolador panorama que me ha llamado mucho la atención, aunque haya pasado bastante desapercibida. La aprobación en el Congreso de la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado. Resulta esperanzador que por fin nos tomemos en serio la modernización de la gestión pública, la evaluación ex ante, la monitorización sistemática, la publicidad de informes, la creación de unidades de coordinación de evaluación en los departamentos ministeriales y, sobre todo, una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Púbicas.

Sin embargo, tras la lectura detenida de esta ley, vuelven más resquemores que esperanzas.

Como viene siendo habitual en la redacción de las normas, muchos aspectos quedan difusos, hay un exceso de obviedades y falta de concreción. Es alarmante la falta de calidad técnica en las nuevas disposiciones. Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando entran en vigor…

El aspecto más alarmante es el ámbito de aplicación que se redacta en el artículo 3. Excluye toda actividad de evaluación sobre políticas públicas objeto de regulación específica y otorga un carácter supletorio frente a ellas. Como ni siquiera detalla el rango de la regulación específica, quien quiera no verse sometido a este molesto trance, puede hacerlo con una mera instrucción interna. Por tanto, el alcance de la Ley es fácilmente evitable. Me constan enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado para que no fuera así, pero desgraciadamente no han salido adelante. Nuestro senador por Murcia precisamente, Miguel Sánchez, presentó varias que no han sido atendidas.

Pero, además, la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas estará adscrita a la Secretaría de Estado de Función Pública, es decir, dependerá del Gobierno de turno. Por si acaso, la planificación y la elaboración de los planes de evaluación departamentales las realizarán ellos mismos y recae también sobre estos ministerios asegurar su realización. ¡Qué miedo da en este país la independencia de instituciones que nos evalúen y fiscalicen en el ejercicio público!

También es curioso, por si no queda claro que la restricción del ámbito de actuación, la expresa mención de la AEAT como organismo excluido por su legislación específica en una disposición transitoria.

"esta ley es un 'pegote' que se redacta por pura necesidad y sin el espíritu de tomarla en serio"

Personalmente, echo en falta a la hora de hablar de evaluación de las políticas públicas referirnos a la contabilidad analítica de las AAPP como base documental de las mismas. Necesitamos una fuente objetiva, predefinida, sistemática y común a todos los organismos de la Administración para sacar datos e indicadores comparables. En este texto, desde luego, no se hace ni una sola mención. No sabemos con qué criterios y con qué datos se realizarán las evaluaciones. Tampoco se hace mención al desarrollo del objeto de esta Ley en Comunidades Autónomas y Municipios. Precisamente en las administraciones descentralizadas, que requieren mayor rigor en la homogeneidad de sus datos para que puedan ser comparables.

Todo lo anterior junto con la excesiva reiteración en el preámbulo en las explicaciones de que promulgar esta ley era preceptivo para el cumplimiento de las exigencias firmadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia me hacen llegar a una fácil conclusión: esta ley es un "pegote" que se redacta por pura necesidad y sin el espíritu de tomarla en serio. Tiene toda la pinta que fracasará en sus nobles objetivos, como fracasaron los anteriores intentos.