Foto: EPMURCIA (EP). La Fiscalía Superior de la Región ha incoado un expediente gubernativo en el que requiere a la Consejería de Medio Ambiente que exija la "responsabilidad ambiental" a aquellas personas físicas y jurídicas que han podido influir en la contaminación y degradación del Mar Menor, con el fin de conseguir la "reparación de los daños causados".
En concreto, la Fiscalía ha acordado enviar este requerimiento a la Consejería como administración pública competente, para que proceda a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad ambiental a quienes han podido influir en la contaminación de la laguna salada.
Además, por medio de este requerimiento, la Fiscalía insta a la Consejería a la adopción de las "medidas de prevención adecuadas para la evitación (sic) de nuevos vertidos contaminantes al Mar Menor por esos operadores", según ha informado el Ministerio Público en un comunicado.
En caso de su incumplimiento por parte de los operadores, la Fiscalía pide "que se proceda a la ejecución forzosa de aquellas actuaciones a costa de los responsables, con el fin de devolver los recursos naturales dañados a su estado original".
En este sentido, la Fiscalía apremia a que los operadores económicos que se hayan beneficiado con su actividad, causando un daño al Mar Menor o a su entorno natural, sufraguen "el total de los costes a los que asciendan las correspondientes acciones preventivas o reparadoras, y al margen de cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento".
Asimismo, el expediente gubernativo pide que se proceda a tener por personado al Ministerio Fiscal en esos expedientes administrativos que se inicien, y que se le notifique directamente todas las resoluciones que se dicten.
El objetivo es que la Fiscalía, en su caso, inicie la vía contencioso-administrativa, "en aras a promover la acción de la justicia en defensa del principio de legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".
La Fiscalía ha incoado este expediente gubernativo en su Sección de Contencioso-Administrativo "en relación con la situación de degradación que tiene el Mar Menor". Y lo ha hecho "al amparo de lo dispuesto en la Constitución Española, en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Ambiental (que traspone la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
En este sentido, el Ministerio Público recuerda que la citada Ley 26/07 de 23 de octubre "ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un régimen administrativo de responsabilidad ambiental de carácter objetivo e ilimitado, basado en los principios de prevención y de que 'quien contamina paga', al margen e independientemente de la existencia de otros procedimientos penales, civiles o administrativos".
