El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el consejero de Hacienda y Economía, Luis Alberto Marín. Foto: A. R. M.MURCIA. La Región de Murcia registra la cifra total de deuda pública más alta de su historia: 11.513 millones de euros es el pasivo regional contabilizado en el primer trimestre del año, según los datos hechos públicos este martes por el Banco de España. Esta cantidad equivale al 34,9% del PIB de la Comunidad murciana.
Hasta ahora, la cifra absoluta más elevada se alcanzó en el tercer trimestre del 2021, cuando la Región llegó a 11.284 millones de euros. El año pasado, sin embargo, terminó con un leve descenso y se cerró en 10.595 millones, muy cerca de la barrera simbólica de los 11.000 millones de euros.
La cuantía, por tanto, cada vez es más grande. Hasta el punto de que si la deuda pública se tuviera que repartir por cada uno de los murcianos para liquidarla (el censo regional es de 1.518.486), tocarían a 7.581,89 euros por habitante.
En términos relativos, el actual 34,9% no es el porcentaje más abultado de siempre. Ese récord se sitúa todavía en el 36,5% del PIB del primer trimestre del 2021.
No obstante, si se compara con el resto de comunidades, la Región se ha colocado en el (triste) podio de las autonomías más endeudas del país, solamente superada por Valencia (46%) y Cataluña (36,7%). Por detrás aparece Castilla-La Mancha (36,5%) mientras que la media de todas las comunidades se sitúa en el 25,1%.
Esta escalada se remonta ya a catorce años atrás. La deuda de la Comunidad se ha multiplicado por 14 desde el 2008, cuando la Administración regional debía solamente 755 millones. Un año después, el Gobierno de España, presidido entonces por Rodríguez Zapatero, cambió el modelo de financiación autonómica. Y la Región pasó de deber el 2,6% en 2008 al 4,8% en 2009 y la deuda ascendió al 10,3% en 2010, por encima de los 2.100 millones.
El crecimiento fue ya imparable. En 2012, ya con Mariano Rajoy en la Presidencia, se disparó hasta el 17,5% (4.600 millones). En 2013 llegó al 20,9% y en 2014, último año de Ramón Luis Valcárcel como presidente murciano, se instaló en el 25,6% (6.800 millones). En 2015 se cerró en el 26,7%; en 2016 se alcanzó el 28,3% y en 2017 se situó en el 28,7%.
En 2018, ya con Fernando López Miras como jefe del Ejecutivo regional, se acabó debiendo el 29,6% (9.232 millones), el mismo porcentaje que se repetiría en 2019 (si bien la cuantía ascendía a 9.232 millones). Y el 2020, marcado para siempre por la pandemia, quedó en la historia como el año en el que el pasivo murciano superó el umbral de los 10.000 millones de euros. Aquel hito sucedió en el segundo trimestre y finalmente el ejercicio se cerró en 10.182 millones, el 34,9% del PIB.
La subida sin freno tiene una causa clara, a juicio del Ejecutivo regional: la financiación autonómica. La Comunidad sostiene la tesis de que gran parte de la deuda se debe al problema del modelo autonómico: "La infrafinanciación que recibimos del Estado lastra con deuda", ha lamentado en más de una ocasión el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, quien por esa razón pide al Gobierno central que condone el 90% de este pasivo regional.
En septiembre del año pasado, de hecho, la ministra de Hacienda abrió la puerta a estudiar la posibilidad de condonar la deuda histórica de regiones como Murcia y Valencia, perjudicadas por la financiación autonómica. El cambio del modelo está entre los planes del Ministerio de Hacienda, tras mucho tiempo abandonado en un cajón. A finales de diciembre, María Jesús Montero enviaba a las comunidades su propuesta de población ajustada para reformar la financiación.
No obstante, aunque la financiación es un agravio que perjudica -objetivamente- a la Región, no todas las voces autorizadas culpan a ella de los desmanes de la deuda. Hace un año, el Colegio de Economistas de la Región exigía contundencia contra el déficit y defendía que no toda la deuda se debía a la infrafinaciación, si bien reconocía que existe un déficit estructural causado por la mala financiación. Del mismo modo, un informe del Centro Económico y Social (CES) calculaba que el perjuicio de la financiación representa apenas el 20% de la deuda regional.
