Foto: María José López (EP)VALENCIA. El Ministerio de Hacienda ha remitido este viernes a las comunidades autónomas un borrador con su propuesta para la redefinición del concepto de población ajustada como punto de partida para la reforma del sistema de financiación autonómica, ya que esta criterio determina el reparto de los recursos a las CCAA en función de sus circunstancias demográficas, sociales o territoriales.
Según explicó la ministra María Jesús Montero esta semana, una vez enviada esta propuesta, el Ministerio de Hacienda pedirá a las comunidades autónomas que le trasladen las aportaciones que consideren convenientes. La propuesta llega con un ligero retraso sobre el compromiso asumido por la ministra, que anunció la presentación de esta propuesta antes de que acabase el mes de noviembre.
El documento, que detalla la propuesta lo largo de 240 páginas y ha llegado por correo electrónico pasadas las 14:20 horas, ya está siendo analizado por los técnicos de la Conselleria de Hacienda.
Según ha explicado el Ministerio de Hacienda en un comunicado, el esquema de la propuesta "incorpora indicadores más robustos, detallados y realistas" para fijar la distribución del gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales, pero también "variables correctivas" que tiene en cuenta el mayor coste que implica la despoblación o la insularidad.
"El informe no sale de la nada, sino que parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las Comunidades Autónomas que han participado en estos foros", destaca el departamento de Montero.
El Ministerio de Hacienda también ha analizado "empíricamente" la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las Comunidades Autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos, especifica en su comunicado.
Por otra parte, para complementar esta información también se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, que el actual modelo ya contempla. Además, se han incluido elementos correctores por despoblación y también se tienen en cuenta los costes fijos vinculados al gasto, que tienen impacto en las comunidades menos pobladas.
La redefinición del criterio de población ajustada servirá de base para la futura reforma del modelo de financiación, un hecho que satisface las aspiraciones de las comunidades más pobladas y peor financiadas con el sistema actual como la Comunitat Valenciana o Andalucía. De hecho, a juicio del conseller Vicent Soler, la presentación de este "esqueleto" supone un "paso de gigante" porque implica pasar de un sistema "opaco y complejo" a otro en el que el reparto territorial se va a determinar con un criterio claro como el de la población.
En los últimos días, todas las CCAA han estado pendientes de que se les trasladase esa propuesta para conocer hasta qué punto satisface sus respectivos intereses. Tras haber recabado en los últimos meses la postura de todas ellas, el Ministerio de Hacienda ha constatado diferencias basadas en las particularidades de cada territorio por encima de su color político.
Por un lado, la Comunitat Valenciana ha unido fuerzas con dos presidentes del PP, Juanma Moreno, de Andalucía, y Fernando López Miras, de la Región de Murcia, además de con el Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol. Este frente pide más equidad en el reparto con una redefinición del concepto de población ajustada y fondos de nivelación para compensar a las CCAA infrafinanciadas con el modelo en vigor.
En el otro lado se sitúan las ocho comunidades de distinto signo político que recientemente suscribieron la declaración de Santiago, un documento de 35 puntos sobre la necesidad de modificar el actual modelo con criterios vinculados con el denominado reto demográfico. Esa declaración lleva la firma de Alberto Núñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León); Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista de Cantabria); y de los socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja), Javier Lambán (Aragón) y Adrián Barbón (Asturias).
Al margen de estos dos grandes frentes, el Ministerio de Hacienda considera que la Comunidad de Madrid y Cataluña tienen puntos en común sobre su modelo de financiación, mientras que Canarias reclama que las singularidades del archipiélago queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema.
