Foto: CTSSPCARTAGENA (EFE). El Gobierno regional ha iniciado la contratación de las obras necesarias para “eliminar la incertidumbre” sobre la posible contaminación originada por filtraciones en la balsa minera Jenny, en Cartagena, propiedad de la Comunidad Autónoma.
Así lo ha asegurado en la Asamblea Regional el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien ha apuntado que el pasado 9 de octubre concluyó el informe definitivo encargado por su departamento para determinar las actuaciones necesarias y el análisis de riesgos de esta infraestructura minera.
Este anuncio coincide con el atestado realizado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha presentado en un juzgado de guardia de Cartagena para que, si se considera oportuno, se abran diligencias por un delito contra el medio ambiente.
En este informe, el Seprona alerta del afloramiento en superficie de lixiviados con posibles componentes ácidos tras las fuertes lluvias del pasado mes de septiembre.
Luengo ha incidido en que la Comunidad Autónoma ejecutó el pasado mes de julio seis sondeos adicionales para analizar los riesgos y determinar las medidas de seguimiento y control para reducir los impactos al Mar Menor por la llegada de filtraciones desde la balsa.
Finalmente, ha recordado que su departamento invirtió en 2017 y 2018 un total de 33.000 euros para la reposición y el mantenimiento del vallado perimetral de la balsa.
Sin embargo, la diputada socialista Carmina Fernández ha considerado que la gestión realizada por el Gobierno regional en este asunto está “bajo sospecha”, ha advertido que el Seprona ha constatado que los lixiviados procedentes de esta instalación están contaminando el acuífero y están llegando al Mar Menor a través de las ramblas.
Asimismo, ha criticado que la Comunidad Autónoma aceptara poseer una propiedad de Portmán Golf, cuya cúpula directiva está “imputada” por la cesión de la balsa. “Han invertido 6,5 millones de euros en descontaminar un regalo envenenado”, ha concluido Fernández.
"Próximamente se dispondrá un borrador definitivo para ser expuesto al público" ha respondido el consejero de Agricultura, Antonio Luego, a la diputada socialista Consagración Martínez en relación con la elaboración de una ley de Vivienda en la región, Luengo ha añadido que se realizará una consulta para esta elaboración con "los agentes implicados" como profesionales, asociaciones o colectivos.
Por su parte, Martínez ha aclarado que esta ley debe tener "no hay justificación que valga, pues ha afirmado que este "reglamento debería estar elaborado a los tres meses de su entrada en vigor" que fue en octubre de 2016.
Por otro lado, hasta siete directivos de la empresa Portmán Golf fueron citados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena con motivo de la descontaminación y sellado de la balsa Jenny. Acudieron a la cita con la juez Mariano Roca y Alfonso García y todos negaban cualquier negligencia en el traslado de los residuos desde la balsa Jenny a la corta Los Blancos. Allí, declararon, además, que la culpable de no sellarse la balsa Jenny es de la administración al no darles en su momento las indicaciones de lo que se debía hacer.
El abogado de Ecologistas en Acción, José Manuel Muñoz, explicaba en Onda Regional que la declaración de Mariano Roca y Alfonso García “sigue en la línea de negar los hechos y que no tienen responsabilidad. Han llegado a decir que no hubo ningún tipo de negociación ni acuerdo con la administración, sino que hubo una petición por parte de la administración de utilización de la corta Los Blancos y que ellos accedieron sin ningún tipo de negociación”.
Por otro lado, el abogado de Ecologistas en Acción indicó que los declarantes habían negado “la situación en la que se encontraba la corta de los Blancos en las denuncias formuladas por el Seprona en el 2013 y que el sellado no lo hicieron antes, porque estaban a la espera de lo que les dijera la administración, por lo que la culpable es la administración porque no les dijo lo que debían hacer”.
