Foto: POLICÍA LOCAL.MURCIA (EFE). La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene previsto sacar a licitación en el primer trimestre de 2025 obras de prevención de las inundaciones en la Región de Murcia por valor de unos 80 millones de euros, según ha explicado este lunes el presidente del organismo autónomo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, Mario Urrea.
El dirigente ha trasladado también esa información a los consejeros murcianos de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño; de Agua y Agricultura, Sara Rubira; de Medio Ambiente y Mar Menor, Juan María Vázquez, y de Fomento, Jorge García Montoro, con quienes ha mantenido una reunión para abordar las mejoras en infraestructuras y en los protocolos de comunicación entre administraciones en casos de lluvias torrenciales.
Urrea ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que la CHS tiene ya redactados o en fase de redacción proyectos de prevención contra avenidas en la comunidad autónoma por valor de unos 700 millones de euros, de los que en el primer trimestre del próximo año está previsto licitar trabajos por unos 80 millones.
En concreto, se trata de dos proyectos en el municipio de Los Alcázares y dos más en el de Molina de Segura, así como otros en la pedanía murciana de Cobatillas y en las ramblas mineras, donde ya se actuó sobre el dominio público marítimo-terrestre y ahora se intervendrá en las zonas colindantes.
Urrea ha insistido en la importancia, de cara al futuro, de poner en marcha comisiones técnicas interadministrativas en las que CHS y comunidad autónoma puedan definir previamente a la elaboración de los proyectos de obras sus directrices y desarrollo, evitando así el cruce de informes técnicos que ralentizan los proyectos.
Así, ha puesto como ejemplo uno de los proyectos que está previsto llevar a cabo en el área del Mar Menor, que se retrasará al menos un año debido a que, una vez que la CHS redactó el proyecto, lo remitió a la comunidad autónoma que, a su vez, contestó con nuevos informes ambientales que obligan a modificar y replantear la actuación.
Con la creación de grupos de trabajo o comisiones previas, se podrían evitar esos problemas, dado que el proyecto incluiría de antemano estos posibles requerimientos ambientales y se evitarían así retrasos y dilaciones al tener que volver a elaborarlos.
Mejorar también la comunicación entre las administraciones es lo que persigue la actualización de los protocolos en caso de lluvias torrenciales, algo en lo que se está trabajando, si bien Urrea ha insistido en que los protocolos existen desde hace años y han demostrado funcionar correctamente en episodios anteriores, como la dana de 2019.
Por ello, las modificaciones que se puedan incluir en estos protocolos son limitadas, ya que lo más difícil en este tipo de documentos es fijar los umbrales de riesgo para pasar a uno u otro nivel de alerta, cosa que ya está establecida “desde hace mucho tiempo”.
Lo que principalmente se está analizando son los tiempos para alcanzar esos umbrales en un episodio de fuertes lluvias, y el margen que hay para pasar de uno a otro nivel de alerta, pero no está sobre la mesa, por ejemplo, añadir nuevos niveles de alerta, como el “negro”.
Desde el Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha puesto de relieve la importancia de que se apruebe cuanto antes ese nuevo protocolo de comunicación, del que ya hay un primer borrador, para que la respuesta ante posibles situaciones de emergencias por temporal sea “los más rápida y eficaz posible”, y ha reclamado que se produzcan también reuniones a nivel técnico para hacer más comprensible y eficaz el protocolo.
El trabajo conjunto y coordinado de las administraciones, ha dicho, es fundamental en la prevención y contención de las inundaciones, pero también lo es contar con las infraestructuras adecuadas, por eso ha reclamado a la CHS que acelere la licitación de las obras y proyectos previstos para contar con una auténtica red que pueda prevenir situaciones de riesgo.
