MURCIA. La Asamblea Regional defenderá la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor ante el Tribunal Constitucional. La Comisión de Asuntos Generales, reunida este jueves de urgencia, ha decidido que el Parlamento murciano se persone en el recurso de inconstitucionalidad que presentó Vox ante la norma aprobada por la Cámara regional en el mes de julio. La letrada Irene Bas ha sido designada como representante de la Asamblea.
La Comisión de Asuntos Generales, compuesta por once miembros, ha apoyado por amplia mayoría que la Asamblea se persone en el proceso. Únicamente se ha abstenido Podemos. Presidida por la diputada del PP Miriam Guardiola, este órgano está compuesto por cuatro diputados del (PSOE, que es el grupo mayoritario de la Asamblea), tres del PP, dos de Ciudadanos, uno de Vox y otro del Grupo Mixto (Podemos). María Marín (Podemos) es la vicepresidenta y Valle Miguélez (Ciudadanos) ejerce como secretaria.
Marín explicó que su formación se ha abstenido porque considera que el recurso “sólo busca la defensa de un modelo agroindustrial que ha destrozado el Mar Menor, que ha generado miles de hectáreas de regadíos ilegales y que ha creado todo un sistema de economía sumergida y trabajos precarios". Para la portavoz del Grupo Mixto, hay que trabajar justo en la dirección contraria para garantizar que se acabe con la explotación y degradación del este entorno natural.
En julio, el ley que pretende blindar la laguna contra la contaminación salió adelante en la Cámara regional con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE, que suman 39 de los 45 escaños del Parlamento murciano, tras acordar el 90% de las enmiendas. Los cuatro diputados de Vox y los dos de Podemos votaron en contra. El partido que preside Santiago Abascal dio un paso más y decidió llevar la norma al Constitucional.
Vox recurrió el texto porque entienden que la ley incumple varios artículos de la Constitución española. En concreto, alegan que es contraria al artículo 9.3, que hace referencia a las garantías jurídicas de las leyes, así como consideran que infringe las competencias estatales establecidas en los números 1, 8, 13, 22 y 23 del artículo 149.1; además de que, a su juicio, no respeta el derecho a la propiedad (artículo 33) ni el derecho a la libre empresa (artículo 38).
Vox se opuso a la ley y la calificó como "el pacto de la vergüenza", en alusión al acuerdo que firmaron el PP y Cs con el PSOE para presentar conjuntamente el 90% de las enmiendas. También Podemos la rechazó, aunque en su caso con otros argumentos: tildó el texto como el "pacto del nitrato", pues lo consideraba insuficiente para proteger la laguna.