MURCIA. Pocas cosas deben resultar más difíciles que tratar de reconducir la política económica de un ejecutivo regional a través de lo que se ha venido a llamar como "enmiendas" al texto de los Presupuestos. La actual ley presupuestaria (Ley 47/2003), inspiradora de las leyes presupuestarias autonómicas, dimana de otra anterior, la Ley 11/1977 de 4 de enero, que a fin de cuentas conforma con la llamada Ley de Reforma Política (Ley 1/1977) el cuerpo legislativo de lo que ha venido a llamarse por la Historia como "pacto constituyente" o "régimen del 78" dependiendo de en qué momento pongamos el contador.
"menos mal que Don Felipe de Borbón no ha tenido hijos, si no a ver cómo se burlaba la ley sálica impuesta en la Carta Magna"
Las carencias de ese entramado normativo son las absolutas rigideces que se establecen tanto en la Constitución como en mucha de la normativa coetánea, verbi gratia la Ley de Amnistía, que lejos de ser tal se convirtió en una auténtica Ley de Punto Final que impidió juzgar cualquier comportamiento punible contra los derechos que la propia Constitución decía defender, perpetrados incluso minutos antes de su propia entrada en vigor ,el culmen del cinismo; la muestra más palmaria de la rigidez constitucional la encontramos en el artículo 168 de la misma, que hace referencia a la resolución del nudo gordiano que ha marcado el devenir de la tierra de piel de toro durante los siglos (territorialidad, Jefatura del Estado y derechos civiles de limitado impacto, entre los que hoy se encuentran: seguridad social, vivienda, distribución de la renta, pensiones actualizadas, que pueden, a diferencia de la organización territorial del Estado y de las cuestiones de sangre para ostentar la representación internacional del país, ser libremente pisoteados en virtud de la coyuntura económica al entenderse como "principios rectores de la política económica"). Pues bien, si a cada uno de los tres puntos que conforman el artículo los tratamos como sucesos independientes, le damos una probabilidad de que sucedan a cada uno -en virtud de las mayorías parlamentarias , en ambas cámaras, presentes y pasadas- y aplicamos la probabilidad condicionada, veremos cómo el resultado de una posible "reforma constitucional" se aproxima a cero; ahí radica su injusticia, la existencia de una tradición política-económica (capitalismo a la española) capaz de imponer su voluntad a generaciones nuevas de compatriotas sin que tan siquiera pueda surgir el debate sobre su idoneidad y adaptabilidad a los tiempos; menos mal que Don Felipe de Borbón no ha tenido hijos, si no a ver cómo se burlaba la ley sálica impuesta en la Carta Magna.
Ya me he andado bastante por las ramas para soltar la aseveración iniciática: que las enmiendas de la oposición en las cámaras autonómicas, en especial en la tierra murciana, pueden ser poco útiles para reconducir la política económica del Ejecutivo. En primer lugar por la falta de diálogo, en segundo por el compromiso de los programas de gasto y las rigideces técnico legales que establecen criterios de vinculación muy fuertes entre las distintas partidas presupuestarias que en la práctica, si se ajustan las enmiendas a derecho, imposibilitan la movilidad de grandes cantidades de recursos para orientar la política económica a una meta social y políticamente satisfactoria.
Ante este problema solo cabe una salida: la conformación de una nueva mayoría ejecutiva -que estuvo muy próxima en esta tierra-, el establecimiento de un techo de gasto idóneo para el desarrollo de un programa político (hemos vivido tiempos propicios, consecuencia de los Fondos Europeos y de la limitación de las reglas de estabilidad) y el desarrollo de un avance hacia lo que sería un Presupuesto de base cero, capaz de detectar ineficiencias de forma rápida para configurar un nuevo escenario de impulso de políticas públicas marcadas en transferencias de capital e inversiones hacia los sectores que pueden actuar como punta de lanza en la creación de empleo de calidad y la vertebración de políticas sociales que nos cubran a todos del devenir de la vida, aunado, cómo no, de un fortalecimiento del sector público como garante y motor de un nuevo escenario alejado del clientelismo y de las apuestas económicas ineficientes (que generan costes excesivos para el contribuyente, como contaminación de recursos naturales o gastos que no ven su retorno en inversiones, de los cuales son especialistas el PP y sus compañeros de viaje esta última legislatura).
Creo que el gráfico de abajo -ejecución de transferencias corrientes, inversiones y transferencias de capital– es la mejor carta de presentación de la política económica del PP en esta tierra, y un acicate para pensárselo cuando llegue el momento.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Intervención General CARM a Octubre 2021 (Presupuestos CARM 2021) Unidad de medida: Euros
Miguel Ángel Pagán Navarro es economista y miembro del Grupo Economía y Trabajo de Izquierda Unida en el municipio de Murcia