Izquierda Unida se marca tres grandes prioridades para el curso político en la Región

MURCIA. No es fácil resumir un ideario como el de Izquierda Unida- Verdes, tan completo, pero si hay que seleccionar los principios irrenunciables para este nuevo curso político serían tres: la reforma de la Financiación Autonómica y Local, la vivienda digna y defensa de los servicios públicos de calidad en la Región de Murcia. Al menos, así lo anunció este viernes la portavoz de la Colegiada Regional de Izquierda Unida-Verdes (IUVRM), Carmen Sonia Martínez, durante su intervención pública en la sede regional del partido en  la capital del Segura.

Durante la rueda de prensa, Martínez destacó la urgencia de acometer reformas en financiación autonómica y local, defender el acceso a una vivienda digna, implementar la financiación de políticas activas y la calidad del empleo en nuestra Región y garantizar el fortalecimiento de los servicios públicos. "Nos encontramos ante un momento decisivo para el futuro de la Región de Murcia y, en general, para el modelo autonómico en España", señaló, en palabras recogidas por el partido.

El eje central de la comparecencia fue la propuesta de IU-Verdes para una reforma integral del sistema de financiación autonómica y local. Según Carmen Sonia Martínez, "es un tema de vital importancia que debe marcar un salto cualitativo en la construcción del Estado de las Autonomías". Desde IU-Verdes apuestan por un Estado federal, justo y solidario, donde la financiación esté vinculada "a las personas y no a los territorios".

Armonizar Sucesiones en un impuesto a las grandes fortunas

Martínez explicó que la reforma debe basarse en una amplia reforma fiscal para garantizar una financiación justa, apuntando que "los impuestos gestionados por las comunidades autónomas, como el de Sucesiones y Donaciones, y el de Patrimonio, deben armonizarse, convirtiéndose este último en un verdadero impuesto a las grandes fortunas". Subrayó la necesidad de acabar con la "competencia o dumping fiscal" entre autonomías, denunciando que, en la Región de Murcia, los "regalos fiscales" a las rentas más altas han costado 1.400 millones de euros en la última legislatura.

La propuesta también incluye un plan de nivelación que garantice "un suelo adecuado de servicios públicos para todas las personas, con independencia de la capacidad fiscal del territorio". Carmen Sonia recalcó que la financiación entre comunidades no debe estar sujeta al criterio de ordinalidad, es decir, respetar el ranking de capacidad fiscal de cada autonomía. Además, se exigió un "plan de cancelación de la deuda autonómica con el Estado", vinculando la liberación de recursos a la inversión en servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales.

Durante su intervención, Carmen Sonia Martínez también puso énfasis en la necesidad de aprobar una ley regional de financiación local. "Es inaceptable que, después de años de promesas incumplidas, sigamos sin una normativa que garantice una financiación justa para los municipios de nuestra región", afirmó la dirigente de IU. 

La formación de izquierdas insta al presidente Fernando López Miras a desarrollar y aprobar esta ley durante el curso político actual, asegurando que los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios para cumplir con sus competencias y proporcionar servicios de calidad a sus ciudadanos. "Los municipios, especialmente los más pequeños, no pueden seguir dependiendo de la arbitrariedad del gobierno regional; necesitan una financiación estable y suficiente", subrayó Martínez.

Otro pilar de las propuestas de IU-Verdes para este curso político es la mejora de la situación laboral en la región. Martínez subrayó la necesidad de "avanzar no solo en la reducción del paro, sino también en la calidad del empleo". Para ello, el partido plantea aumentar la inversión en personal para sanidad, educación, dependencia y servicios sociales, sectores que considera clave para el bienestar de la población.

Refuerzo de las inspecciones agrícolas

Además, propuso un "refuerzo en las inspecciones de trabajo en el sector agrícola, uno de los sectores más precarizados de la Región de Murcia", y destacó la importancia de colaborar con sindicatos y empresarios para actualizar la negociación colectiva. "No podemos permitir que en pleno siglo XXI sigamos viendo situaciones de explotación laboral en la agricultura de nuestra región", declaró.

El acceso a una vivienda digna fue otro de los temas clave abordados en la comparecencia. Carmen Sonia Martínez fue contundente al criticar la falta de políticas efectivas por parte del gobierno regional. "El derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución, sigue siendo un papel mojado en nuestra región", afirmó. Denunció que el gobierno de López Miras no ha cumplido con su promesa electoral de construir 3.100 viviendas, calificando la promesa como "un mero recuerdo de hemeroteca".

Además, Martínez apuntó que el reciente anuncio de José Ballesta para ofrecer viviendas en alquiler en diversas pedanías de Murcia está financiado "íntegramente por el Estado, mientras el Gobierno regional no aporta ni un solo euro". Exigió al gobierno regional que en los próximos presupuestos generales se incremente la financiación para el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y que se inicie un Plan Regional de Vivienda "para poner a disposición suelo público en los municipios de la región".

Martínez también abordó el "deterioro" de los servicios públicos en la Región de Murcia, destacando especialmente los ámbitos de la sanidad, la educación y la dependencia. En sanidad, advirtió que "la situación es insostenible", con más del 80% de los usuarios pendientes de una operación quirúrgica, consulta especializada o prueba diagnóstica que no cumplen los plazos legalmente establecidos. "Exigimos la vuelta al sistema de información mensual de las listas de espera, para que los murcianos puedan conocer la realidad de nuestra sanidad pública", señaló, al igual que el cumplimiento estricto de las inversiones previstas en la Estrategia de Mejora de la Atención Primaria.

En el ámbito educativo, IU-Verdes propone revertir las políticas privatizadoras del gobierno regional, que han fomentado el aumento de la educación concertada en detrimento de la pública. "Es urgente eliminar los barracones de los centros educativos públicos y garantizar la inversión prevista para mejorar las infraestructuras", indicó la portavoz, quien también reclamó una mayor inversión en becas de comedor, transporte escolar y material educativo.

En cuanto a los cuidados y la dependencia, Martínez subrayó que "la Región de Murcia tiene una de las peores cifras en cuanto a listas de espera, con 513 días de media para el reconocimiento de grado y concesión de la prestación por dependencia". Para IU-Verdes, es fundamental desarrollar plenamente la Ley de Servicios Sociales de la región, que lleva más de tres años sin aplicarse correctamente. "Seguiremos demandando la creación de un sistema público de cuidados, equiparable al sanitario y educativo, para asegurar condiciones dignas tanto para las trabajadoras como para los beneficiarios", sentenció.

Concluyó su intervención destacando que las propuestas de Izquierda Unida-Verdes para este curso político están centradas en la defensa de los derechos sociales y el fortalecimiento de los servicios públicos, como pilares para una sociedad más justa. "Nuestra región merece un gobierno que ponga a las personas en el centro, no a los intereses económicos de unos pocos", concluyó. Con estas medidas, IU-Verdes busca transformar la Región de Murcia hacia un modelo más equitativo y solidario, combatiendo las desigualdades territoriales y asegurando que los derechos sociales se conviertan en una realidad para toda la ciudadanía.