Fotos: MARCIAL GUILLÉN (EFE)
MURCIA (EFE). La losa judicial se agrava en tierras murcianas. La Región de Murcia necesitaría entre 15 y 25 jueces más para igualar las ratios de comunidades de similar volumen de población, como Baleares o Aragón, y hasta 75 más para tener las mismas cifras que las regiones con un sistema mejor dotado, como Asturias, según ha reivindicado este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Pasqual del Riquelme.
El magistrado ha dado esas cifras durante su discurso en el acto oficial de apertura del año judicial que se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Murcia, donde ha lamentado, como viene haciendo desde su nombramiento en 2015, que el servicio público de la Justina "no se presta en igualdad de condiciones" en toda España, con "notables asimetrías" entre las comunidades autónomas.
Aunque la Región de Murcia es uno de los territorios con mayor litigiosidad y también con mayor índice de resoluciones judiciales, las ratios de jueces por habitante están muy por debajo de las que hay en comunidades como Baleares o Aragón, con una población similar, en torno a los 1,5 millones de habitantes.
Así, en 2023 en la Región de Murcia ingresaron 219.180 asuntos frente a los 182.250 en Baleares, o los 174.875 en Aragón. Sin embargo, en la Región hay un total de 168 jueces, lo que supone una ratio de 10,82 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,09 de Baleares o los 11,41 de Aragón, por lo que se necesitarían entre 15 y 25 más de estos profesionales para alcanzar las medias de esas comunidades.
Comparándolo con las regiones mejor dotadas, como Asturias, con una ratio de 15,70 jueces por cada 100.000 habitantes, Murcia necesitaría 75 jueces más de los que tiene ahora para equipararse con esa zona.
A pesar de esa carencia de medios, Pasqual del Riquelme ha defendido la productividad del sistema judicial murciano, donde los juzgados tienen un índice de resolución sensiblemente mayor que el de las comunidades analizadas: en 2023 se resolvieron 179.161 causas, frente a las 168.494 de Baleares, las 164.192 de Aragón, o las 125.951 de Asturias.
"La combinación de escasos medios personales y alta litigiosidad, por más que nuestro esfuerzo resolutorio sea mayor, es la causa del incremento en los asuntos pendientes y tiempos de respuesta de los juzgados y tribunales de nuestra Región", ha lamentado.
En ese sentido, ha señalado además que el primer semestre de 2024 se cerró con 192.000 asuntos en trámite, casi 13.000 más que los que había a principios de este año y 40.000 más que los pendientes hace un año, lo que supone un 20 por ciento más de asuntos pendientes en solo 12 meses.
La media de los tiempos de respuesta judicial en Murcia se sitúa en 12,8 meses, mientras que, por seguir la comparación, es de 8,8 meses en Baleares, 6,1 en Aragón y 5,6 en Asturias.
Con estos datos, Pasqual del Riquelme ha insistido en que "la carencia de medios y órganos judiciales hace imposible absorber toda la litigiosidad que ingresamos", y ha denunciado que el Gobierno central no ponga fin a esa situación, ofreciendo respuestas que podrían considerarse "insultantes", ya que, de las 70 nuevas unidades judiciales creadas en todo el territorio nacional el año pasado, a la región solo llegó un magistrado para la Audiencia Provincial.
El presidente del TSJ ha advertido de que esa infradotación "tiene efectos negativos, reales y directos sobre nuestros conciudadanos", tanto en la economía y el tejido productivo, como en "trabajadores y empresarios, consumidores, propietarios, familias en crisis, menores y personas vulnerables, víctimas de delitos y también los propios investigados y acusados".
Por su parte, el fiscal superior de la comunidad autónoma, José Luis Díaz Manzanera, también ha reivindicado más medios para la Fiscalía, integrada actualmente por 78 profesionales, 69 en plantilla y 9 de refuerzo.
Manzanera ha recordado que su objetivo al ser nombrado para el cargo fue alcanzar los 80 fiscales en plantilla (en aquel momento eran 61) para poder equipararse con la media nacional.
Además, ha lamentado que la Fiscalía murciana es la peor dotada de España en cuanto a funcionarios, con una ratio de 0,45 empleados por cada fiscal, cuando hay comunidades autónomas con una ratio de un trabajador público por fiscal.
