La insoportable levedad del tránsfuga

MURCIA. En el pasico de hoy, que será una larga zancada porque la ocasión lo merece, nos toparemos con los tránsfugas políticos, diputados que, sin renunciar a su escaño, deciden votar distinto de lo que el órgano competente de su partido haya decidido, o que han sido expulsados de su partido. Argumentaré que la noción de este tipo de transfuguismo padece la misma levedad que Kundera atribuía al ser, encarnado en una tal Sabina que yacía con diversos hombres y cuya frívola vida resultaba, en opinión del escritor, más insoportable que vivir atado a un ideal. Bueno, pues la levedad de la noción de tránsfuga político supera a de la frívola vida de la promiscua Sabina. Al menos para los que buscan la verdad.

Empecemos con una pregunta típica de concurso televisivo para memoriones, ¿qué es un tamayazo? Respuesta: alude a la conducta del diputado socialista Tamayo que, en 2003, se ausentó de la votación que habría de convertir al socialista Simancas en presidente de Madrid merced a un pacto del PSOE con IU, ausencia que dio la victoria a la popular Aguirre (que había sido la más votada por los ciudadanos). No se apresure a calificar de infame el episodio antes de responder a la siguiente pregunta, ¿qué es un piñeirazo? 

Para contestar no bastará con recurrir al comodín del público, sino que habrá que recurrir al comodín de Google: alude a la conducta del diputado popular Piñeiro que, en 1989, frustró la moción de censura presentada por PP y CDS (el partido de Suárez) contra Leguina, presidente socialista de Madrid. La explicación del ganador fue un ejemplo de la elogiada transparencia: "Nuestra oferta fue mejor". Los taxonomistas han acordado que el nombre científico de una especie corresponde al que el primer naturalista que la describió le hubiese otorgado, pero ese criterio de prioridad cronológica no opera en el caso de los tránsfugas, donde lo único que importa es la capacidad propagandística de cada bando en pugna. En este caso, la alianza de comunistas y socialistas ganó la batalla mediática por goleada. Punto, pero no final. Desmenucemos, que decía la consejera García.

La condición de tránsfuga la decide la dirección del partido al que pertenezca el afectado, un dato sospechoso. Verse motejado de tránsfuga suele considerarse denigrante, por lo que solo vale cuando lo declara motivadamente el órgano adecuado del partido y se han agotado todos los recursos a los que los castigados tengan derecho ante la Comisión de Garantías. Sabido eso podemos concluir que, a fecha de hoy, en la región argárica, cuya capital es Murcia, no son tránsfugas los cuatro diputados de Cs que no apoyarán la moción de censura. En efecto, no está claro que la moción contra el propio gobierno del que formaban parte fuese acordada por el órgano pertinente del partido (a menos que la voluntad secreta de unos pocos dirigentes valga como tal), y tampoco se han agotado los recursos de los afectados contra su expulsión. Además, si cuatro diputados de seis están afectados y siete de cada diez de sus votantes opinan que lleva razón la banda de los cuatro, es para pensárselo. La opinión definitiva en ese tipo de situaciones debería ser la de los votantes y, por eso, no cabe hacer reproche alguno en este trance al PP, al PSOE, a Vox, ni a Podemos. Todos ellos están actuando de acuerdo con sus programas y con el apoyo de sus votantes.

Tras coquetear con la idea contraria, Podemos ha anunciado que apoyará la moción incluso si los expulsados de Vox también lo hacen. Queda así confirmada la levedad de la noción de tránsfuga, y descubrimos, ¡oh, sorpresa!, que el virtuoso cordón sanitario contra la "extrema derecha" era, en realidad, un pragmático cordón contra sus verdaderos rivales: los populares. De algo ha valido la moción.

Está vigente un pacto contra los tránsfugas mediante el cual los partidos firmantes, entre ellos PP, PSOE, Cs y Podemos, se comprometen a no negociar con tránsfugas ni aceptar sus votos para formar o derribar gobiernos. Ese pacto, que Vox no ha firmado, carece de fuerza legal y choca con el artículo 67.2 de la Constitución Española: "Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo". El motivo es de la máxima importancia: los diputados en las Cortes no representan a sus territorios, ni a sus partidos, sino a todos los españoles. El Congreso no alberga una amalgama de provincias o de partidos, sino, como sede de la soberanía nacional, ostenta, de forma única e indivisible, la representación del pueblo español. Se infiere que los diputados en los parlamentos regionales representan a todos los ciudadanos de su región, que no a cada pueblo ni a los partidos en cuyas listas fueron elegidos. Si un partido traicionase gravemente su programa electoral o incumpliese las leyes (como hicieron los diputados separatistas en Cataluña al aprobar la ley de desconexión), todo diputado tiene derecho a disentir, e incluso está obligado a ello.

Ese pacto no es más que un apaño entre las cúpulas de los partidos para sortear el artículo 67 de la Constitución, es decir una martingala, perfectamente diseñada y adornada, que transfiere encubiertamente la soberanía de los ciudadanos a las direcciones de los partidos. Para colmo nadie lo cumple, pues todos aceptan voto de tránsfugas, ennoblecidos a díscolos o escindidos si la circunstancia lo aconseja. Todos los partidos democráticos, empezando por el PP, deberían desvincularse de ese pacto, suprimir esa noción de sus estatutos, poner en sus listas a gentes que participen por convicción, y asumir que los programas electorales vinculan a las propias direcciones y que habría que celebrar reuniones de todos los diputados si quisieran cambiarlos a mitad de legislatura. En última instancia, deberían los electores, esos tránsfugas incorregibles, los que pudieran decidir cuándo y por qué cambiar los objetivos y las alianzas de los partidos. Para lo demás, ya hay elecciones periódicas y libres.