La vicepresidenta Nadia Calviño, en una imagen de archivo. Foto: JAVIER LIZÓNMADRID (EFE). El Gobierno aprobará este martes en la reunión del Consejo de Ministros un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euríbor, "preservando la estabilidad financiera".
Esta iniciativa se adopta "a falta de cerrar los últimos detalles" en la negociación que el Gobierno mantiene abierta con las patronales bancarias –AEB, CECA y UNACC- y el Banco de España con el objetivo de que entren en vigor el próximo 1 de enero de 2023, según explicó a última hora del lunes el Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño.
Los dos Códigos de Buenas Prácticas serán de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras y de obligado cumplimiento una vez suscritos.
Actualmente hay 3,7 millones de hipotecas referenciadas al euríbor y el Ejecutivo opta por ampliar el catálogo de medidas a las que pueden acceder los hogares para que las familias puedan disponer de más opciones para reducir su carga hipotecaria "de forma efectiva" pudiendo elegir la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera.
De forma específica se actúa en tres vías: se mejora el tratamiento de las familias vulnerables, se abre un nuevo marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad y se adoptan mejoras para facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo.
En primer lugar, se recogen medidas que mejoran el actual Código de Buenas Prácticas para hipotecados vulnerables, aprobado en 2012, con el fin de adaptarlo a la situación actual, con lo que se da opción a reestructurar el préstamo con con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de 5 años (euríbor menos 0,1 % frente al euribor más 0,25 % actual).
Asimismo, se amplía a 2 años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.
Con el objetivo de ampliar el ámbito de actuación, los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que dediquen más del 50 % de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca, aunque no vean incrementada en un 50 % el esfuerzo hipotecario, podrán acogerse al Código con una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia y un alargamiento del plazo de hasta 7 años.
Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros tras la revisión de tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años más de un 50 %, hasta los 246 euros.
Se propone también un nuevo Código para aliviar a las familias de clase media, con rentas de hasta 29.400 euros anuales, que se consideran en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria, que les consume más del 30 % de sus ingresos tras una subida de al menos el 20 %.
Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer la posibilidad de congelación durante 12 meses de la cuota, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta 7 años.
Por último, se reducirán aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminarán durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.
Calviño ha expresado este martes su confianza en que todas las entidades financieras apliquen y se sumen a las medidas para aliviar la carga hipotecaria a las familias más vulnerables y a las de clase media.
"Yo confío en que se sumen todas las entidades, porque es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a los ciudadanos. Creo que la que no se sume tendrá un alto coste reputacional", ha afirmado la vicepresidenta, que ha señalado que las nuevas medidas para familias de clase media se aplicarán durante dos años, mientras que el Código de Buenas Prácticas para familias vulnerables será de carácter permanente.
Calviño ha explicado que no se ha confirmado el acuerdo con todo el sector bancario porque algunas patronales bancarias no pudieron consultar anoche con todos sus miembros el texto del acuerdo, que amplía y refuerza la protección a las familias más vulnerables afectadas por la subida de los tipos de interés y que también da un marco de protección a las familias hipotecadas de clase media.
Preguntada por si la banca tendrá que aumentar sus provisiones como consecuencia de estas medidas, la vicepresidenta ha indicado que se ha trabajado "intensamente" también con el Banco de España para que todo el paquete de medidas que se aprobará este martes tenga un impacto reducido desde el punto de vista de la calificación de créditos y no cause un "impacto significativo" en la situación de las entidades financieras.
Calviño ha apuntado además que habrá unos mecanismos para verificar que las entidades que se sumen a estas buenas prácticas cumplen con las mismas. En este sentido, ha señalado que la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación se aprobará también hoy vía proyecto de ley en el Consejo de Ministros, tendrá competencias para resolver conflictos de buenas prácticas y capacidad sancionadora cuando se incumplan sus resoluciones.
