Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. Foto: EPMADRID (EFE). La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera necesario aprobar "normas constitucionales que protejan a las generaciones jóvenes y futuras", y apuesta por "una regla fiscal intergeneracional, que regule automáticamente la asignación del gasto público".
Dicha regla estipularía que, por cada euro adicional asignado a programas de gasto público para personas mayores, se debería asignar un euro adicional a programas dirigidos a los jóvenes, según consta en el estudio "Efectos Económicos de la Demografía Política", elaborado por Fedea y hecho público este lunes.
Estos programas, según indica el documento, estarían destinados a mejorar la productividad o el crecimiento de largo plazo, e incluyen inversión en educación, en I+D+i, en vivienda, en ayudas a la emancipación o a la familia o en la lucha contra el cambio climático.
Los autores del informe -José Ignacio Conde-Ruiz y Vincenzo Galasso- reconocen que "ningún partido promoverá espontáneamente una regla fiscal intergeneracional de este tipo", ya que "la demografía política no lo hace electoralmente atractivo" y es "mejor dar a los mayores que a los jóvenes".
Prueba de ello es que el gasto en protección social destinado a los mayores ha aumentado siete puntos porcentuales en España y ha pasado del 75 % en 2008 al 82 % en 2019, una tendencia que se espera vaya en aumento en los próximos años.
El informe analiza cómo el envejecimiento de la población aumenta "rápidamente" y cómo la relevancia política de las generaciones mayores contribuye a "una distribución intergeneracional desigual (e injusta) de los recursos públicos", teniendo en cuenta que "los partidos y los políticos responden a los incentivos electorales".
Así, en las próximas elecciones generales habrá casi 6,6 millones de votantes jóvenes potenciales (18-30 años) y cerca de 10 millones mayores de 65 años, mientras que en 2050 el número de jóvenes bajará a 6,4 millones y los mayores alcanzarán los 16 millones, una situación completamente diferente a 1970 (6,3 millones de votantes jóvenes y 3,4 millones de personas mayores).
Ante estos datos, el informe concluye que la demografía política o las tendencias demográficas "han debilitado y van a seguir debilitando aún más la voz política de los jóvenes", que han pasado a ser un bloque electoral "periférico" y se espera que, desalentadas por la pérdida de influencia en unas elecciones, no consigan adoptar el hábito del voto.
Fedea considera "fundamental que la democracia dé voz a las generaciones futuras o a los jóvenes" y por ello propone "introducir el voto obligatorio y bajar la edad de voto a los 16 años".
Los autores insisten en que "la única solución es que los adultos y las personas mayores se den cuenta de que el futuro de nuestros jóvenes podría ser peor que nuestro presente y cambien sus preferencias hacia los políticos que tomen en serio las demandas de nuestros jóvenes".
