MURCIA (EFE). Medio centenar de personas se han concentrado este sábado en Murcia por la dignidad de las personas mayores y con diversidad funcional internas en residencias y en nombre de las que han muerto "abandonados" en ellas en la pandemia de coronavirus, por lo que reivindican una ley que las proteja.
Guardando la distancia de seguridad, con mascarilla y chalecos reflectantes, los manifestantes han expresado ante la sede central del Instituto Nacional de Seguridad Social su protesta con pancartas, una de ellas de los familiares de los muertos en la residencia Caser, de la pedanía murciana de Santo Ángel, la que concentra en esa comunidad el mayor número de fallecidos.
En el manifiesto que han hecho público se habla del "genocidio sufrido, la evidentísima vulneración de sus derechos fundamentales, la privación de libertad hasta unos límites inimaginables, el trato degradante y la falta de humanidad de las instituciones, que otorgan a empresas privadas con sus tristes protocolos una potestad que no les corresponde al decidir sobre las vidas" en las residencias.
"La situación es tan grave que no seguiremos mudos por más tiempo. Hemos de expresar nuestra más absoluta indignación y rechazo alzando nuestras voces en un único grito; "¡Por justicia, responsabilidades!", ¡Por dignidad, derechos humanos!", "¡Ley de residencias, ya!", añade.
Tras exigir una reversión de las políticas de privatización "que han abocado irrevocablemente a nuestra denostada sanidad pública a un colapso mortal que se ha cobrado demasiadas vidas humanas", la denominada Marea de Residencias quiere que esa norma estatal obligue a que las plazas públicas residenciales sean gestionadas por la administración con la garantía de una atención de calidad que ponga en el centro a las personas.
También que los trabajadores de esos centros tengan unas condiciones laborales dignas, un horario adecuado a su esfuerzo y una remuneración apropiada y acorde con su esencial servicio.
La proporcionalidad entre empleados y residentes ha de ser suficiente y claramente explícita en todas las categorías y turnos para que el tiempo dedicado a cada residente garantice la excelencia en la atención a quienes precisan de cuidados, agregan.
"El silencio de los nuestros es un grito de justicia", "Residencias para la vida, no cementerios", "Encierro y aislamiento equivale a deterioro, depresión e indefensión. Administración: esa no es la solución" o "Residencias para la libertad, no cárceles" eran algunos de los lemas de las pancartas de la convocatoria.
Denuncian que la escasez de ayudas a los más necesitados, la continua desfinanciación de la sanidad pública, el empobrecimiento de las familias y la falta de una legislación considere la dignidad de los ancianos desde hace años se han agudizado con la pandemia, por lo que reivindican con soluciones urgentes, eficaces y humanas que mejoren radicalmente esta situación.
Han asistido a la protesta el coordinador regional de IU-V, José Luis Álvarez-Castellanos, y el diputado nacional de Unidas Podemos por Murcia, Javier Sánchez Serna, quien ha indicado que hoy son al menos 69 personas las que han fallecido en residencias en esa región de Murcia, más de un tercio del total.
El secretario tercero de la Mesa del Congreso de los Diputados Ha pedido que cuidadores, familiares y residentes sean escuchados por el Gobierno autonómico sobre la escasez de medios, falta de personal, ratios obsoletas de cuidadores, trabajadoras que han tenido que compartir equipos de protección individual y un largo etcétera de carencias.
Por último, ha reclamado "avanzar hacia un sistema público de cuidados y acabar con otro que se ha convertido en un mero negocio para corruptos y fondos buitre", ya que ha quedado demostrado que "en la Región de Murcia el sistema de conciertos no ha funcionado".
"No puede ser que grandes multinacionales como Caser estén solo para recoger beneficios y se laven las manos cuando las cosas vienen mal dadas", ha concluido tras anunciar que Podemos pedirá en la Asamblea Regional de Murcia una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias durante la pandemia para depurar responsabilidades políticas.