El letrado José Manuel Muñoz (i), junto a Kely Gómez (d), hermana del fallecido Kevin Gómez. EFE/Marcial GuillénMURCIA (Efe). Familiares de 2 de las 13 personas que fallecieron el 1 de octubre en el incendio que arrasó dos discotecas en Murcia han presentado este martes una querella contra el concejal de Urbanismo, Antonio Navarro, y su predecesor, Andrés Guerrero, y contra 3 funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación por omisión.
Kely Gómez, hermana del fallecido Kevin Gómez, y Jairo Correa, padre de la fallecida Leidy Paola Correa, han ofrecido esta mañana una rueda de prensa acompañados por su abogado, José Manuel Muñoz Ortín, quien considera que en el Ayuntamiento de Murcia ha funcionado durante años una “trama organizada” que “permitió que esta discoteca (Teatre) funcionara de forma continuada e irregular” desde que inició su actividad en 2005.
Para el letrado, “estamos hablando de una forma de funcionar que permite que determinados funcionarios actúen de determinada manera”, y ha insistido en que “había cerebros que pensaban qué hacer para que la discoteca siguiera funcionando”, por lo que no se trata de una “actuación la de mala suerte ni de la fuerza mayor”.
Por eso, considera que “se necesitan sanciones ejemplarizantes para que esto no sea el reino de taifas” y no vuelva a suceder un hecho similar y para dejar claro que “las leyes están para cumplirlas, también la administración”.
Gómez ha insistido en que el incendio “fue un accidente, pero hay responsables” que no se han hecho cargo de lo sucedido, y ha cuestionado que no se hayan tomado medidas más contundentes porque todas las víctimas del siniestro eran de origen latinoamericano.
Por su parte, Jairo Correa ha sido contundente al considerar que las muertes de las 13 víctimas estuvieron provocadas “por la negligencia, la prevaricación, la corrupción” de responsables y funcionarios municipales, “por omitir y dejar pasar las normas de seguridad, tapar unos reglamentos, no cumplirlos”.
“Para mí siempre será un asesinato, un homicidio. Involuntario, sí, pero se podría haber evitado y se pueden evitar esta clase de homicidios involuntarios” ha dicho, y ha exigido “responsabilidad a las entidades que más responsables son: el Ayuntamiento de Murcia y las personas que estaban encargadas de aplicar la ley”.
En concreto, la querella apunta a que el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), que también ocupó el cargo entre 2015 y 2021, "desarrolló una normativa que permitía este funcionamiento”, avalado también por el inspector del servicio técnico de Obras y Actividades, el jefe de servicio de Protección Civil y Protección contra Incendios y el jefe de servicio de Intervención, que son los tres funcionarios incluidos en la querella.
Por su parte, el concejal Andrés Guerrero (PSOE), que estuvo en el cargo entre 2021 y 2023, dictó la última de las órdenes de cese de actividad de la discoteca en 2022, pero incluyó una cláusula para el abogado “prevaricadora” puerto que permitía iniciar un nuevo procedimiento de legalización que dejaba sin efecto la propia orden de cierre.
La querella refleja que en total hay una veintena de expedientes relacionados con la discoteca, de los que tres son órdenes de suspensión y cese de la actividad, y otros cuatro son solicitudes de inicio de procedimientos de legalización.
Esos expedientes de legalización se utilizaron de forma sistemática y prolongada en el tiempo, según ha explicado el abogado, para paralizar y dejar sin aplicación las órdenes de cierre, de una manera en su opinión “fraudulenta” que permitía mantener en el tiempo diversas irregularidades.
El Ayuntamiento, según se deriva del amplio expediente administrativo relacionado con la sala, de unos 1.800 folios, “permitía que haya multitud de expedientes, ninguno acabado”, ha indicado el letrado, así como que se mantuviera abierta la sala a pesar de contar con “múltiples informes desfavorables” en distintos ámbitos.
Entre las irregularidades que considera Ortín que se cometieron, ha citado que el Ayuntamiento requería que todos los informes de todos los departamentos fueran desfavorables para dictar una resolución de cierre, algo que hacía “prácticamente imposible” que se diera esa situación.
Además, ha puesto de relieve que cuando se detectaba alguna situación irregular en la discoteca, por ejemplo, por incumplimientos en medidas de seguridad o aforos, en lugar de cerrar el local, se instaba a abrir un procedimiento de legalización que paralizaba el resto de procedimientos.
Así, ante una denuncia de la Policía Local, o un aviso de incidencias de la inspección, o un procedimiento sancionador, se abrían esos procedimientos de legalización, que luego se quedaban sin resolver: “Hablamos de una eterna regularización”, ha señalado el abogado.
Aunque la ley reconoce la posibilidad de abrir esos procedimientos de legalización, Muñoz Ortín ha señalado que llegaron a un punto “fraudulento”, puesto que los diferentes expedientes eran idénticos entre sí e incluían la misma documentación, repitiendo así alegaciones que ya habían sido desestimadas previamente, motivo por el que debían haber sido inadmitidos.
Asimismo, se permitió que continuamente la discoteca tuviera actividad a pesar de la caducidad de expedientes, cuando la ley establece que, en ese caso, la actividad debe cesar.
Además, en 2012 se dictó una resolución para dejar sin efecto el artículo del plan de ordenación urbana que establecía que el índice de edificabilidad que se había aplicado a la discoteca no cumplía la ley.
Según Ortín, desde su apertura en 2005 la sala “iba contra planeamiento” pero, lejos de sancionar esa situación, se legalizó a través de un decreto del concejal Navarro.
A lo largo de los años, son múltiples los expedientes abiertos incluidos en la documentación a instancias de la Policía Local por no contar con licencia o no cumplir los aforos, pero solo se llegó a cursar una sanción, de poco más de 250 euros, por no haber comunicado un cambio de titularidad.
No se actuó en cambio por otras irregularidades más graves para la seguridad, como por ejemplo, el hecho de que la sala desde 2016 se suministraba la electricidad con un generador o el bloqueo de las puertas de emergencia, que constaban ya en 2005 y fue señalado de nuevo en 2017.
Con la discoteca ya dividida en dos, ha dicho Ortin, los incumplimientos en seguridad anti incendios fueron flagrantes ya que las salidas de emergencia de Fonda Milagros, donde fallecieron las 13 víctimas, daban a Teatre en lugar de a la calle, y sus recorridos de evacuación tenían distancias que llegaban a superar los 36 metros, cuando el máximo permitido por ley es de 25 metros.
Para Jairo Correa, teniendo en cuenta todos estos detalles, a las trece víctimas mortales “las encerraron y las incineraron, no tenían posibilidad ninguna de salvar sus vidas, no tenían salida”.
“Esta negligencia generó muerte”, ha subrayado, algo que ha reafirmado su abogado, que ha concluido que “la corrupción a veces genera dinero, pero también genera muerte y, en este caso, ha generado muerte”.
