CARTAGENA. Tras meses de manifestaciones y alertas sobre la situación límite del Mar Menor, parece que esta vez sí las instituciones están pasando de las palabras a los hechos. Mientras continúa la absurda disputa sobre las competencias de Moncloa y el Gobierno regional, el Ejecutivo de López Miras parece dispuesto a tomar la delantera. Algo que no sucedió cuando, curiosamente, el partido que gobernaba la Región era el mismo que gobernaba en la Moncloa. Pero eso quizá es otra historia. Lo cierto es que Miras pretende expropiar más de 3 millones de metros cuadrados en El Carmolí con el objetivo de que sirva para “renaturalizar el entorno de la laguna”, según afirmó tras la reunión con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
López Miras señaló que esta operación costará en torno al millón de euros. “Gracias al rescate de estos terrenos protegeremos y potenciaremos la mayor ventana natural y paisajística al Mar Menor”, añadió Miras. Miras explicó que el objetivo es que los terrenos de El Carmolí “se conviertan en una barrera natural para proteger la laguna ante las inundaciones y evitar daños como los que se han producido en los últimos años, sobre todo con las DANAs más intensas”. Así, añadió, servirá para retener, laminar y tratar las aguas pluviales en casos de fuertes lluvias a fin de evitar mayores daños en el Mar Menor”.
El proyecto se desarrollará a través de las denominadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) para la recuperación de espacios deteriorados y degradados. “Está en línea con las directrices de la Unión Europea para la transición ecológica, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de Arquitectura Sostenible (EACS)”, explicó Miras. “Esta actuación es una oportunidad única para revalorizar el entorno y el paisaje del Mar Menor y convertirlo en un ejemplo mundial de renaturalización”, subrayó el presidente. “Es una solución verde en todos los sentidos para evitar las presiones humanas en este entorno privilegiado”.
Las líneas maestras de esta operación son tres: recuperación ambiental de los hábitats, gestión de las infraestructuras, gestión de las infraestructuras existentes y reconversión de la actual carretera en un gran eje vertebrador paralelo a la línea del mar, entre Punta Brava y Los Alcázares. “Es un proyecto que evidencia el firme compromiso del Ejecutivo regional con un con un entorno natural único sometido a continuas agresiones medioambientales a las que queremos plantar cara. Y así esperamos que lo haga también pronto el Gobierno central, de quien necesitamos su implicación”, recordó.
Los terrenos de El Carmolí están completamente abandonados desde los años ochenta cuando dejaron de ser utilizados como hangar de hidroaviones del Ministerio de Defensa. Actualmente están en proceso de devolución a sus propietarios originales y por ese motivo, el Ejecutivo regional inicia su expropiación forzosa para rescatarlos del tráfico jurídico y evitar que pasen a manos privadas que ocasionen mayores presiones antrópicas para ecosistemas, y poder emprender así el gran proyecto regional de recuperación ambiental de la zona.
El Humedal de El Carmolí es la ventana visual de mayor tamaño del Mar Menor. Constituye un espacio comprendido entre la desembocadura de la Rambla del Albujón (al norte); el núcleo urbano de Punta Brava (al sur); el Mar Menor (al este) y la autovía AP-7 y la carretera N-332 (al oeste).
Es un saladar que se encuentra protegido dentro del Espacio Natural denominado `Espacios abiertos e islas del Mar Menor´ y es un Paisaje Protegido y cuenta con cuatro figuras de protección: Zona de Especial Conservación (ZEC); Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM); Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está incluido por el Convenio de Ramsar en los Humedales de Importancia Internacional.
La Comunidad iniciará el sábado el proyecto de recuperación con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la orden de expropiación forzosa. Tras el periodo de exposición pública, el Consejo de Gobierno realizará la declaración de ocupación de los terrenos por la urgente necesidad. En paralelo al proceso expropiatorio, la administración regional ya trabaja en un Master Plan y cuyo proyecto de ejecución saldrá a licitación una vez supere la exposición pública y tramitación ambiental.
