CARTAGENA. Ercros ha impugnado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 25 de septiembre de 2024, que declaró legal la declaración de suelo contaminado de El Hondón acordada por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de la Región de Murcia en 2020, explican fuentes de la empresa en un comunicado de prensa.
En su recurso, Ercros denuncia al Ayuntamiento de Cartagena por no haber realizado, durante más de 20 años y a pesar de su responsabilidad, "ninguna acción para gestionar los residuos situados en la superficie del emplazamiento de El Hondón y permitir el abandono incontrolado de nuevos residuos en la zona".
La compañía recuerda que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra del suelo más de 10 millones de euros, "precisamente para hacerse cargo de la descontaminación del emplazamiento que ahora se reclama a Ercros, incurriendo en un flagrante enriquecimiento injusto", añaden desde la compañía.
El recurso defiende que el Gobierno regional ha distorsionado ilegalmente y cambiado el régimen jurídico de suelos contaminados y de la gestión de residuos "precisamente para evitar que sea el Ayuntamiento de Cartagena quien tenga que afrontar la remediación de El Hondón, en su condición de poseedor de los residuos desde hace décadas".
Por último, Ercros recuerda que, en virtud de las acciones llevadas a término por el Gobierno de la Región de Murcia, "será el Ayuntamiento el gran beneficiado de esta ilegalidad"; acciones que están permitiendo al consistorio "eludir su responsabilidad sobre la gestión de los residuos y trasladarla a Ercros para que sea esta quien remedie íntegramente el suelo de El Hondón, con la finalidad última de beneficiarse del aprovechamiento urbanístico residencial proyectado sin tener que soportar las cargas urbanísticas asociadas a la preparación del suelo".
La empresa defiende que la sentencia impugnada "va en contra de lo establecido en la legislación y que en caso de consolidarse alteraría el régimen jurídico de los suelos contaminados, lo que afectaría a múltiples emplazamientos de toda España".
