Foto: EDUARDO PARRA/EPMURCIA (EFE). La entrada del grupo saudí STC en Telefónica, que hace unos días anunció la compra del 9,9 % de la teleco española por 2.100 millones de euros, se suma a una lista de operaciones que el Gobierno tendrá que autorizar al contar con el llamado "escudo antiopas" que limita las inversiones extranjeras.
La posible entrada de los saudíes en el capital de una compañía considerada estratégica, con acceso a infraestructuras críticas, ha provocado reacciones de todo tipo, con el Gobierno asegurando que estudiaría la operación "con mucho detenimiento" para velar por los intereses de todos los españoles.
En esta línea, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido esta misma semana que el Ejecutivo garantizará que "en todo momento esté a salvo la defensa y la seguridad nacional". "El límite que existe para la inversión extranjera es la protección de nuestros legítimos intereses nacionales", ha advertido.
STC Group espera controlar un 9,9 % del capital de Telefónica, mediante la adquisición del 4,9 % en acciones y otro 5 % mediante derivados, los cuales ejecutará para convertir en acciones una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes, situándose como el primer accionista de la teleco española, siempre que obtenga el visto bueno de Defensa.
Para analizar la operación en profundidad, Telefónica celebrará un consejo de administración el próximo 27 de septiembre, que será de carácter ordinario y su convocatoria se enmarca en la actividad de la teleco, que reúne a este órgano habitualmente a finales de mes.
Esta operación, que ha contado con el rechazo de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, deberá ser sometida a la aprobación por parte del Consejo de Ministros, gracias al "escudo antiopas" en vigor.
Esta normativa se aprobó en marzo de 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia, a través de un real decreto por el que se exigía autorización previa por su parte de inversiones directas extranjeras realizadas por residentes de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC, o EFTA -en inglés-), por motivos de seguridad, orden público y/o salud pública.
Adicionalmente, en noviembre de 2020 introdujo en ese mismo texto una disposición transitoria que establecía que el Gobierno debía autorizar también las inversiones directas extranjeras protagonizadas por sociedades de la UE y de la AELC sobre empresas cotizadas o, incluso, sobre las no cotizadas si la inversión superaba los 500 millones de euros.
Este régimen de autorización previa, que se diseñó en un contexto marcado también por la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy, se aplica tanto a las inversiones realizadas por empresas de la UE y de la AELC como a las que puedan acometer sociedades con sede en España cuya titularidad real corresponda a residentes de otros países europeos.
Con ella se busca proteger a las compañías españolas de sectores estratégicos ante posibles inversiones directas en las que un inversor, aprovechando la coyuntura, adquiera una participación igual o superior al 10 % del capital social o tome el control de una compañía española.
El pasado mes de julio el Gobierno actualizó esta normativa para adaptarla al régimen europeo, con cambios sobre qué empresas y qué operaciones han de contar con una autorización previa, acortando los plazos y estableciendo una serie de exenciones al régimen de autorización previa.
Entre los cambios, se establece la obligatoriedad de solicitar autorización al Consejo de Ministros siempre que se alcance el 5 % del capital, pero aquellos que adquieran entre el 5 % y el 10 % podrían saltarse este paso si se comprometen a no entrar en los consejos de administración.
En los últimos meses varias operaciones se han visto afectadas por esta normativa y están a la espera de ser autorizadas por el Consejo de Ministros.
Entre ellas destaca la del grupo industrial Celsa, en la que una sentencia judicial ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores, dando vía libre para que los fondos pasen a ser accionistas de la compañía en sustitución de los actuales propietarios, la familia Rubiralta.
En este sentido, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, explicó hace unos días que el Ejecutivo respetará la decisión judicial, pero velará por que se protejan el empleo y los intereses estratégicos de España.
Esta misma semana también se conoció la contraopa lanzada por la británica Amber, participada por los fondos ISQ y TDR -con sedes fuera de España-, sobre el 100 % de las acciones de la empresa de inspección y certificación Applus, mejorando la oferta lanzada en junio por el fondo estadounidense Apollo.
En el documento remitido a la CNMV, la propia Amber reconoce que necesitará el visto bueno del Gobierno para pasar a controlar Applus, que factura más de 2.000 millones al año y la contraopa la valora en 1.250 millones.
También espera una respuesta del Gobierno GCE Bidco, entidad controlada por fondos gestionados por la francesa Antin, que presentó a comienzos del verano una opa voluntaria en efectivo para adquirir todas las acciones de la compañía de renovables Opdenergy, que supone valorar la empresa en 866 millones.
