José López y Jesús Giménez. Foto: MCCARTAGENA. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha estimado el recurso de apelación que interpuso el concejal y líder de MC, José López, contra el auto del 15 de febrero de 2022 del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena. Aquel auto había tirado para atrás la petición de Movimiento Ciudadano para anular la constitución del Gobierno designado por Noelia Arroyo impugnando los decretos que asignaban las competencias a los concejales tras el relevo en la Alcaldía.
Ahora el TSJ da la razón a López y, según detallan desde MC, obliga al Juzgado a pronunciarse sobre la legalidad de los decretos con los que la alcaldesa Arroyo delega competencias y fija salarios a "los tránsfugas del PSOE".
El portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, ha indicado que "la resolución muestra su sorpresa por el hecho de que el Ayuntamiento se opusiera a la admisión del recurso negando la posibilidad de comprobar si la alcaldesa del PP cumplió la Ley". De hecho, la citada resolución textualmente señala que "resulta sorprendente la alegación previa de falta de legitimación activa por el Ayuntamiento de Cartagena".
En un comunicado, el edil ha continuado aseverando que "el transfuguismo es la corrupción en grado sumo, pues altera las mayorías obtenidas en la urnas y en Cartagena ha sido la vía para que Arroyo ‘okupe’ la Alcaldía, regando eso sí con cuantiosos salarios a la cuadrilla de Castejón".
En este sentido ha reseñado que "es importante recordar que la reclamación de MC está avalada por la doctrina del Tribunal Supremo que veta premiar a los tránsfugas con cargos y sueldos, obligándolos a devolver lo percibido".
De cara a la próxima cita electoral ha manifestado que "confiamos en que la Cartagena que quiere tránsfugas reciba Justicia, aunque tardía, y que Arroyo y Castejón pasen por lo que son, esquilmadoras de lo público para sus intereses personales".
Por último, Giménez ha finalizado recordando que "esta etapa de ‘La Trinca’ es ya la más ilegal de la historia del consistorio cartagenero, pues acumulan tres condenas por violación de derechos fundamentales y aún están en el aire la legalidad del reparto de salarios a trásfugas o el pucherazo en la Junta Vecinal de Los Dolores".
