CARTAGENA. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha tirado para atrás el recurso interpuesto por José López y su partido, Movimiento Ciudadano, por el que pretendían anular la constitución del Gobierno designado por Noelia Arroyo impugnando los decretos que asignaban las competencias a los concejales tras el relevo en la alcaldía.
MC Cartagena, recordemos, denunció las resoluciones en que Noelia Arroyo y el PP, con la colaboración de Ciudadanos, "otorgan sueldos y cargos a los tránsfugas del PSOE en contra de las normas y de la doctrina del Tribunal Supremo", algo que la justicia no ha admitido.
En un auto fechado el 15 de febrero, la magistrada juez titular del juzgado ha negado a José López y a su partido legitimidad para cuestionar los decretos de la Alcaldía y de la Junta de Gobierno. Esta nueva decisión judicial se produce dos semanas después "del fracaso de López en su intento por condenar al gobierno y funcionarios por supuesta prevaricación", explicaba la concejal de Hacienda e Interior Esperanza Nieto.
"El señor López ha intentado que un juez declararse ilegal el gobierno municipal y ha vuelto hacer el ridículo delante de los tribunales. Una vez más, Movimiento Ciudadano ha chocado contra un juez en su intento acabar con la estabilidad política en Cartagena. Ni se han creído sus acusaciones de prevaricación, ni le dejan anular la formación del Gobierno", según Nieto.
La portavoz del grupo popular ha dicho que "López debería pensárselo dos veces antes de acercarse a un tribunal. Cada vez que entra en un juzgado sale con una sentencia en contra o con una condena. Tiene dos condenas por actos violentos, los tribunales están pidiendo explicaciones por derrochar dinero público en persecuciones judiciales como alcalde y, lo cierto, es que no ha ganado un solo pleito ni contra el gobierno actual ni contra ninguno de los gobiernos anteriores".
Según Nieto, "este nuevo fracaso de López y los suyos en los tribunales es una prueba más de su abuso de los juzgados para perseguir a los políticos y a los funcionarios. Esperemos que en esta ocasión no se atreva a cuestionar la imparcialidad del tribunal, como ya han hecho en otras ocasiones en las que los jueces les pusieron en su sitio".
José López y Movimiento Ciudadano recurrieron las decisiones de la Junta de Gobierno de julio del año pasado en las que se ratificaban las delegaciones de los concejales y las representaciones en organismos municipales después del cambio de alcaldesa. Los recursos fueron desestimados por la Junta de Gobierno y estas son las decisiones que López pretendía anular en los juzgados.
El letrado municipal advirtió de la falta de legitimidad tanto de los concejales de la oposición como del partido político para cuestionar la decisión tomada por la Junta de Gobierno. Sus tesis han sido asumidas por la magistrada juez, que ha decretado la inadmisión del recurso.
MC Cartagena considera que las leyes y la Sentencia número 1401/2020, de la Sala de lo Contencioso, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo "son claras y que, por tanto, no es posible aceptar la resolución".
Añaden que será en este caso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia "el que tendrá que restaurar la legalidad y acordar la admisión de nuestra demanda".
"La inadmisión", añaden, "atenta contra los arts. 24 y 106 de la Constitución Española (CE) por cuanto consagran el derecho a la tutela judicial efectiva y el control de legalidad de los actos administrativos, vía que cierra de manera sorprendente esta resolución".
Explican en un comunicado que cabe recordar que "la CE consagra igualmente en su art. 23 el derecho de participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad, estando regulada la labor de fiscalización y control que corresponde a los concejales como cargos electos en normas como la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local así como el Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales".
"Todo este ordenamiento jurídico queda desmontado con una resolución que niega a los ediles de la oposición la posibilidad de acudir a los tribunales ante las ilegalidades flagrantes y contrarias a la doctrina del Tribunal Supremo como es la concesión por parte de Noelia Arroyo de cargos y generosos sueldos a concejales tránsfugas para conseguir su investidura".
"No queremos terminar sin dejar de manifestar que nuestro Grupo municipal, a pesar de los convulsos tiempos que se viven en torno a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, sigue creyendo y, sobre todo, defendiendo la separación de poderes y agotaremos las vías para que Cartagena no se consagre como la cuna del transfuguismo inimpugnable", concluyen.
