Natalia Corbalán, Santiago González-Varas y Pedro Fernández. Foto: F. I.MURCIA (EFE) El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha admitido a trámite la demanda colectiva de casi 350 agricultores del Campo de Cartagena contra la Ley para la Protección Integral del Mar Menor por contener en su opinión "artículos de palmaria inconstitucionalidad".
La demanda colectiva por lo contencioso-administrativo se emprende tras agotar la vía administrativa ante "el silencio" del Gobierno murciano, ha explicado este lunes el letrado Santiago González Varas, quien representa a los agricultores junto a la letrada Inmaculada de la Fuente Cabero.
Como antecedente, cabe recordar que el Tribunal Constitucional tumbó en mayo de 2021 un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox.
La promotores de la nueva demanda aducen que el artículo 16, que hace referencia al área de exclusión temporal en torno a la laguna, que básicamente constituyen campos de regadíos productivos que sostienen a 10.000 familias, con décadas de actividad y que ha contribuido al desarrollo socioeconómico de la región, "es inconstitucional de cabo a rabo", pues "vulnera la libertad de empresa en base a razonamientos falsos", "aplasta derechos fundamentales, como el de la propiedad o el de la libertad de empresa, y avala abusivas interferencias" del Gobierno murciano, sostiene.
También han señalado que estas tierras deben abandonar el uso agrícola, pero puede ponerse en ellas placas solares.
Desde la Fundación Ingenio (la entidad que ha coordinado y asesorado la acción de los afectados) sostienen que la ley "fue pactada entre los Gobiernos de Murcia y España, con la influencia del ecologismo radical politizado y con claros intereses subvencionados", pero además "no soluciona la contaminación estructural del Mar Menor", pues "obvia los vertidos de aguas residuales de origen urbano".
La dirección jurídica del proceso ha explicado que el objetivo es lograr "que la ley sea acorde a la Constitución, haga compatible la agricultura y el medio ambiente y no impida el ejercicio de los derechos profesionales de los agricultores".
La demanda está reforzada con informes periciales de sociedades independientes de tasación, ingenieros agrónomos y cátedras universitarias.
Según la Fundación Ingenio, "acreditan la acusada devaluación del valor de las tierras desde la entrada en vigor de la ley y la degradación de la actividad económica en la zona, que afecta también de forma directa a sectores que viven de la actividad agrícola"
La ley ha metido "de forma consciente" al Campo de Cartagena "en una espiral de degradación económica" que "favorece a multinacionales y fondos de inversión que están llenado los campos de placas solares de cristal y hierro" y que, a diferencia de Doñana, supone "expropiaciones sin pagar ni un solo euro".
