Promovida por el general Franco, en el mes de julio del año 1947 los españoles aprobaron en referéndum la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado. Otorgándole la capacidad de elegir quién habría de lucir la corona cuando él falleciese, en su primer artículo la ley declaraba que "España, como unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino".
Alumbrado en diciembre de ese año en el pequeño pueblo andaluz de Villaralto, el franquismo me incumbió hasta que, llegado el 20 de noviembre de 1975, el general Franco falleció. Pasé ese día en los calabozos de la comisaría central de Sevilla, sita en la plaza de la Gavidia, adonde dos oscuros personajes vestidos de paisano me condujeron encañonándome discretamente los riñones con una pistola. Al parecer, figuraba en una lista de activistas a detener cuando se produjese "el hecho biológico", como llamaban en su jerga al inevitable óbito del dictador.
"No ignoro que, por motivo de edad, los ahora promotores de la celebración del fallecimiento de Franco no movieron un dedo contra la dictadura"
La realidad es que había acumulado algunos méritos para entrar en esa lista. Por un lado, había contribuido a fundar el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Madrid, un ejemplar inédito de cuyos primeros estatutos me ha donado hace poco una cariñosa lectora. Todavía más grave, llevaba varios años apoyando la reconciliación nacional, últimamente desde las filas de la Junta Democrática. Recuerdo con especial cariño el diálogo que mantuve con Joaquín Ruiz Giménez. Había sido ministro de Educación con Franco, pero posteriormente se reconvirtió a la democracia. Entre ambos episodios, el SDEUM y la Junta Democrática, había pasado algunos meses en la prisión de Carabanchel, acusado de propaganda ilegal ante el Tribunal de Orden Público. Mi ilustre defensora, Paquita Sauquillo, no pudo evitar que me condenasen a tres años de prisión, pero el indulto general decretado con motivo del escándalo Matesa me acortó la estancia.
Finalmente, sin pegarme ni una sola bofetada, al día siguiente del hecho biológico los policías sevillanos me liberaron. Al parecer, habían detectado que no suponía ningún peligro para la estabilidad del Régimen. De hecho, un par de meses después me encontraba en París disfrutando de una generosa beca del Gobierno francés para investigar sobre la base genética de la evolución biológica. Trabajé bajo la dirección de Claudine Petit, heroína de la resistencia contra los nazis. Desde entonces soy un convencido afrancesado. Y, cosa curiosa, con el tiempo entré en otra lista: la de los españoles a abatir por ETA. Al parecer, no les gustaba que defendiese la unidad de España, ni que criticase sus asesinatos, la mayor parte de ellos cometidos en democracia.
Esos eran mis antecedentes cuando, en este año de 2025, el Gobierno presidido por Sánchez me ha sorprendido programando cien actos para celebrar el cincuentenario del óbito del general Franco. Y han escogido como lema 'España en Libertad'. Visto mi historial, me siento legitimado para formularles algunas precisiones. No ignoro que, por motivo de edad, los ahora promotores de la celebración del fallecimiento de Franco no movieron un dedo contra la dictadura. Es más, me consta que varios de ellos, como el ministro Urtasun, son nietos de destacados franquistas. Bien, no importa. En realidad, eso era justamente lo que se pretendía con la reconciliación nacional. No obstante, uno se siente intrigado por algunos pequeños detalles.
"ninguna formación política que acepte la alternancia en el gobierno mediante elecciones merece el calificativo de fascista"
En primer lugar, ¿por qué han escogido como fecha clave la del óbito de Franco? Insisten los portavoces del Partido Popular en que habría que celebrar más bien la aprobación de la Constitución por referéndum en 1978. Es una forma de verlo. En realidad, nos dicen, la democracia se consiguió en España gracias a un pacto que, promovido por el rey Juan Carlos, aceptaron tanto los aperturistas provenientes del franquismo como los demócratas provenientes de la oposición al franquismo. Nos aclaran que no se habría producido la transición a la democracia sin las contribuciones de Adolfo Suárez y Manuel Fraga. Y denuncian que acaso pretendan los celebrantes hacernos creer que fueron sus antecesores políticos los únicos que trajeron la democracia a España. Desde luego, ese intento de apropiación sería profundamente antidemocrático. Por mi parte, opino que la transición a la democracia no solo no se inició con la Constitución, sino incluso mucho antes de la muerte de Franco. De hecho, dirigido por Santiago Carrillo, ya en los años sesenta el PCE había adoptado la estrategia de la reconciliación nacional y del pacto por la libertad. Sin esa labor previa quizás no habría sido factible la transición. En vez de iniciarse, con la Constitución culminó el proceso de transición. Los españoles verdaderamente partidarios de la democracia nunca se tomaron cuarenta años de vacaciones políticas.
Con todo, no deja de ser llamativo que muchos de los celebrantes, empezando por la propia comisionada para estos actos, quieran derogar la Constitución. Defienden una concepción plurinacional de España, cuando la Constitución se fundamenta en la unidad de España, patria común e indisoluble de todos los españoles. En esa línea, dicen que la Constitución es un cerrojo que hay que romper. Aunque considero que la transición empezó mucho antes de 1978, también defiendo la Constitución que, modestamente, ayudé a alumbrar.
En el acto de inauguración del programa de los cien actos quedó claro que los sanchistas quieren convertirlo en una gigantesca campaña electoral basada en denunciar que corremos el riesgo de que vuelva el franquismo. Hay bastante acuerdo en que la posibilidad de celebrar periódicamente elecciones libres es una de las características de las democracias. ¿Por qué entonces los celebrantes acusan a sus opositores de constituir una amenaza para la democracia? ¿Por qué andan diciendo que la victoria de Meloni en Italia constituye un peligro para la democracia? Me veo en la obligación de recordarles que no se instauró el franquismo en España a través de ningún proceso electoral, sino tras vencer en una cruenta guerra civil. Lo que resulta realmente antidemocrático es descalificar a las opciones políticas adversarias que, mediante las urnas, aspiren a gobernar. Hay que decirlo alto y claro: ninguna formación política que acepte la alternancia en el Gobierno mediante elecciones merece el calificativo de fascista. El fascismo compartía con el comunismo el desprecio a la democracia representativa y a las libertades de expresión y de asociación. Y no veo en el panorama político español ninguna fuerza significativa que proponga abolir las elecciones. Me temo, pues, que la alerta antifascista del presidente Sánchez no es más otro de sus numerosos trucos electorales. Salvo que estén buscando una coartada para deslegitimar una futura victoria electoral de sus adversarios. Después de todo, no sería la primera vez que los acusan de hacer lo que ellos verdaderamente hacen. En resumen, nada de gaitas y a atenerse a lo que voten los españoles.