MURCIA. Con la llegada del esperado año 2021, estrenamos nuevos Presupuestos del Estado. Los primeros no prorrogados desde 2018 y, por tanto, del actual Gobierno.
Como si de un sorteo de Navidad se tratara, nos rocían con gran desprendimiento un chorro de miles de millones de euros, inédito en la historia de España.
"Solo subiría impuestos para hacernos cargo de un incremento en los intereses de deuda o para amortizarla. Nunca para incrementar el gasto corriente"
Cuando pienso en presupuestos de administraciones públicas, me evoca la figura de aquella familia numerosa que con un solo sueldo, nada ostentoso, fue capaz de sacar a todos sus hijos con carreras universitarias e incluso terminar de pagar su casa. Heroicidad que, hoy por hoy, nos resulta ciencia ficción. No caeré en la simplificación de pedir el nombramiento como ministro de Economía de cualquier ama de casa de los años 60, pero sí quiero mostrar mi reconocimiento a la lucha por la eficiencia de cada euro gastado y a planteamientos generosos hacia generaciones venideras.
Es evidente que nos encontramos en una situación muy extraordinaria, que requiere respuestas de la misma índole. No pongo objeciones a unos presupuestos expansivos, dadas las circunstancias, pero no comparto la euforia en anunciarlo.
La deuda pública, alcanzó la cifra de 1,312 billones de euros en noviembre de 2.020 y superaremos los 1,500 billones si no este año, en el 2022. Aun así, no tenemos una fecha clara para volver a un equilibrio presupuestario que nos permita parar esta feria que sigue creciendo desde allá por el año 2007, cuando cerramos con menos de 0,4 billones de endeudamiento.
Abandonar en cierta medida la ortodoxia presupuestaria no está reñido con marcar un objetivo claro, posible y comprometido de vuelta a la estabilidad y, sobre todo, de planificación para ir reduciendo esa cifra, inabordable en su comprensión por la magnitud de la misma. Sin lugar a dudas, el problema que hemos creado en 15 años repercute en un sacrificio fiscal que puede durar perfectamente 100 años si queremos compaginarlo con otras políticas de gasto e inversión. Hemos conseguido hipotecar al menos 3 generaciones de trabajadores (a una media de 35 años de vida laboral).
Solo en intereses de deuda, alcanzamos más de 31.000 millones. Es cierto que estamos en un periodo de tipos de interés especialmente bajos y con una perspectiva estable para los próximos 5 – 10 años. Pero es una anomalía histórica. Cualquier incremento futuro de tipos puede aumentar los gastos por intereses de deuda de forma exponencial.
Si añadimos los 25.000 millones destinados a prestaciones por desempleo y los 45.000 millones de transferencias y préstamos a la Seguridad Social para hacerse cargo de las pensiones no contributivas, programas de atención social y déficit de las contributivas, obtenemos un panorama con poca capacidad de maniobra. Por eso, el exceso de gasto debe ir exclusivamente a los costes extraordinarios por las circunstancias y a inversiones de calado que permitan una mejora palpable de futuro. Pero nunca a incrementar gastos corrientes y recurrentes o servicios de dudosa trascendencia. En la actualidad, los segmentos de población menos protegidos y a los que hay que dedicar más recursos adicionales no son ni los pensionistas ni los funcionarios. La cuestión no es la dignidad de ingresos, sino poder cobrarlos.
En el lado de los recursos, la situación de desempleo y renta estancada de España no permite un incremento de presión fiscal. Reduciríamos la capacidad de consumo y la de creación de empleo. Si solo fuera eso, la decisión sería clara: reducir impuestos. Pero los niveles de gasto y déficit y deuda no lo permiten. Dejémoslos como están. Los incrementos planteados repercuten en mayor coste para los consumidores e inversores. Justo lo contrario a lo deseable. Sí cabe una reordenación fiscal, pero no para incrementar la presión fiscal. Solo subiría impuestos para hacernos cargo de un incremento en los intereses de deuda o para amortizarla. Nunca para incrementar el gasto corriente.
Además, las perspectivas de ingresos se han hecho en función de unas previsiones de incremento del PIB demasiado optimistas (7,2%). No se ha cerrado el mes de enero y ya empiezan a surgir estudios, como del FMI, que reducen de forma elocuente las perspectivas. Los posibles retrasos en la puesta a disposición de los fondos Next Generation de la UE también puede reducir el ya dudoso objetivo de impacto del 2,6% sobre el PIB.
Con este panorama, vuelvo a la evocación de la familia numerosa. Debemos luchar y sangrar por la optimización de cada euro que gastamos. Priorizar en inversiones con tasa de retorno (tanto económico como social). Rendir cuentas del coste – beneficio de los servicios públicos. Generar repartos de riqueza en función de las condiciones de las personas y no de los territorios. Invertir en formación e innovación para mejorar los rendimientos del capital y del trabajo.
Ante modelos de familias actuales, más propensas a frivolidades y a especular con los estados de ánimo y menos sacrificadas a la hora de renunciar a gastos superfluos, nos encontramos con un público que no valora el rigor y la contención. Propiciamos los mensajes simples, que no nos depriman y con visión a corto plazo. Sin duda, nos gustaría como ministro de Economía a psicoanalista argentino.