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MURCIA. La plataforma Pacto por el Mar Menor sigue reclamando medidas para revertir la situación de la laguna, gravemente afectada. El colectivo exige al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que no eche balones fuera en alusión a sus palabras sobre el reparto de culpas del estado del Mar Menor. Miras había expresado, causando malestar entre los partidos de la oposición, que "no se puede culpabilizar a un sector", sino "que la sociedad en su conjunto en los últimos 60 años ha provocado la situación actual ejerciendo presiones de toda índole".
Estas declaraciones, a juicio del Pacto por el Mar Menor, "dejan patente su desconocimiento" de las competencias que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas. Así lo esgrimen en un comunicado :"Con solo haberse leído el artículo 148 habría sabido que son responsabilidad suya: las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio; la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; los puertos; la agricultura y ganadería; la gestión en materia de protección del medio ambiente; los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos; la pesca en aguas interiores (en el Mar Menor, por ejemplo)".
La plataforma, añade el comunicado, señala que "de haber sabido que era su competencia y de los Gobiernos que le precedieron" se habría "avergonzado de la inacción de los sucesivos gobiernos de su partido". Asimismo, "tampoco habría dicho que la responsable "puede que sea la agricultura o puede que sea la construcción desorbitada", poniendo de ejemplo al Ayuntamiento de Los Alcázares (el único donde no gobierna su partido) y a las urbanizaciones que hay encima de ramblas; ni habría acusado a la CHS de ser la única que puede actuar en estos cauces".
El colectivo ha recomendado a López Miras que lea "el artículo 45 de nuestra Constitución", que recoge los siguientes postulados.
1.Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.