El juicio contra Valcárcel por el caso 'La Sal' empezará en 2027

MURCIA (MP / EFE). Hasta dentro de tres años no se sentará en el banquillo de los acusados. La Sección 3 de la Audiencia Provincial de Murcia fija para el 15 de septiembre de 2027 el inicio de las sesiones del juicio al expresidente de la Comunidad (1995-2014) y exlíder del PP regional Ramón Luis Valcárcel por el caso La Sal (desaladora de Escombreras).

Así informan fuentes judiciales que indican, según consta en la diligencia de ordenación notificada este miércoles a las partes, que la Sala señala 21 sesiones de juicio oral a lo largo los meses de septiembre (15, 20, 21, 22, 27, 28 y 29), octubre (4, 5, 6, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27) y noviembre (2, 3, 8 y 9).

El expresidente murciano será juzgado como presunto autor de delitos de malversación, prevaricación y fraude por su participación en la gestión de la construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, en Cartagena. La fiscalía pide para él 11 años de prisión, 20 de inhabilitación total y otros 27 para cargo público, además de una indemnización de más de 74 millones de euros,

Cabe recordar que esta sección de la Audiencia Provincial lleva más de dos años funcionalmente desdoblada, como si se tratara de dos órganos," gracias al refuerzo de dos magistrados de adscripción territorial asignados por la Presidencia del TSJM, para tratar de paliar los retrasos que arrastra en los enjuiciamientos de causas complejas.

Declararán 80 testigos

Esta medida fue adoptada al no verse atendidas las demandas de la Sala de Gobierno del TSJMU de creación de una nueva sección penal de la Audiencia Provincial, de acuerdo al alto volumen de procedimientos pendientes de juicio. Las mismas fuentes explican que en el momento de realizar este señalamiento, que requiere más de 20 jornadas, y en el que está previsto que comparezcan unos 80 testigos, además de diferentes pruebas periciales, la agenda de esta sección está ocupada hasta junio de 2027.

Investigación

La investigación principal quiere esclarecer si el Gobierno murciano había decidido previamente asumirlo y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006. Se llega a cifrar el valor de la desalinizadora y sus infraestructuras asociadas en 175 millones de euros, pero en la resolución contractual de junio de 2012 se fijaba en más de 600.

Una de las cláusulas del contrato estipulaba que el Gobierno debería abonar el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del contrato, lo que alcanzaría esa cifra mayor. Por este mismo caso se juzgará en otra vista oral a otros 17 investigados y 8 empresas, entre ellos, el exconsejero de Agricultura con Valcárcel Antonio Cerdá.

Se quiere aclarar si causaron perjuicio a las arcas públicas regionales al convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno murciano con la creación del Ente Público del Agua (EPA) y sorteando las leyes de Aguas y de Contratos del Sector Público.

Según el fiscal, el objetivo al crear el EPA era burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de agua con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que por entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por su escasez estructural en la cuenca.

El EPA fue el que emitió esos informes favorables a 26 proyectos que pretendían construir 180 millones de metros cuadrados.

En las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y a Valcárcel "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico.