Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. Temo a los griegos incluso cuando traen regalos. Este verso de Virgilio sobrevuela las cancillerías conservadoras de la Región de Murcia. El PP decidió respetar uno de los compromisos que adquirió con Vox en septiembre de 2023 para formar Gobierno a pesar de que hace tres meses que separaron sus caminos y secundó la elección de la abogada Natalia Sánchez como nueva comisionada de la Transparencia. No sólo eso. Los populares tampoco presentaron un candidato ni quisieron imponer su propio perfil para el nuevo órgano unipersonal que sustituirá al extinguido Consejo de la Transparencia. ¿Por qué el PP no puso obstáculos y prestó sus votos a Vox? ¿Por qué guardó silencio antes y después de la votación?
El portavoz parlamentario, Joaquín Segado, apenas se refirió a ello durante su intervención ante los medios. Tan sólo concedió su "convencimiento" de que "no se puede fiscalizar la acción de gobierno si desde las instituciones no se goza de autonomía e independencia". Lo dijo antes de iniciar una retahíla de reproches hacia Pedro Sánchez: "El PSOE no puede dar lecciones de transparencia cuando sostiene a un Gobierno como el de Sánchez, el más opaco de la democracia, y que pretende amordazar a los medios de comunicación críticos con el poder". Es decir, a tenor de Segado, el PP no metió baza en el Comisionado para quedar ajeno a un órgano que, en teoría, tiene como misión arrojar luz en la acción de las principales instituciones de la Región, como es el Gobierno regional.
Tampoco el propio Ejecutivo autonómico quiso ahondar en esta cuestión. Preguntado en rueda de prensa, el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño, se limitaba a expresar su "respeto" por la decisión de la Asamblea Regional, desligándose de las razones del PP y evitando cualquier pronunciamiento. Al igual que Segado, tan sólo concedió que el Comisionado de la Transparencia "es un órgano independiente del Gobierno y la propuesta la realizó un partido que ya no forma parte del Ejecutivo". Pero a nadie se le escapa que en el trasfondo se encuentran los Presupuestos. Unas cuentas que PP y Vox sellaron con un acuerdo rápido cuando ambos eran socios de la coalición y que ahora, sin embargo, deparan un proceso mucho más arduo.
La razón del escollo radica en un tema que separa a PP y Vox, aunque otros, como la Delegación de Migraciones de la Diócesis de Cartagena, consideran que coinciden mucho más de lo que dicen: la inmigración. José Ángel Antelo, el líder de Vox, no cede. Tan sólo 24 horas después de la votación en la Asamblea, volvía a dejar muy clara cuál es su gran barrera roja: "La financiación de la inmigración ilegal". Ese mismo día, de hecho, su grupo parlamentario registraba una moción para "consultar a los ciudadanos si quieren financiar la inmigración ilegal en la Región". Un texto difícil que salga adelante -salvo sorpresa del PP- en la Cámara.
Antelo, con todo, volvía a hacer hincapié en que revisará con detalle los próximos Presupuestos y repetía que una de las condiciones es el cierre del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz, una reivindicación que se remonta a 2019, cuando el PP gobernaba con Ciudadanos y se apoyaba en Vox en el Parlamento. Este ejemplo concreto no figuraba en el acuerdo programático que ambos partidos cerraron el verano de 2023 para formar una coalición. Sin embargo, a los pocos días de salir del Gobierno, Antelo rescataba esta petición como una de sus exigencias para los Presupuestos y desde entonces siempre la menciona cuando le preguntan los periodistas.
La respuesta del Ejecutivo también es rotunda: "El Gobierno de la Región de Murcia va a cumplir la ley y esto significa que seguiremos acogiendo menores no extranjeros", declaraba Ortuño. El portavoz, consciente de su afirmación, no suele dar una puntada sin hilo en sus declaraciones ante la prensa posteriores a los Consejos de Gobierno y añadía: "Vox es un partido que respeta la ley y entenderá que no la incumplamos".
El otoño, que comienza oficialmente este domingo, es el periodo de descuento de todos los Gobiernos para perfilar sus cuentas. La Comunidad quiere presentar el proyecto de ley en tiempo y forma para que llegue sin retrasos a la Asamblea Regional, donde le espera la tramitación parlamentaria: "El Gobierno regional trabaja y sigue trabajando para tener los mejores Presupuestos posibles", aventuraba Ortuño. Pero a su grupo parlamentario le quedan muchas negociones por delante si no quieren que el Presupuesto acabe prorrogado por falta de apoyos.
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal
