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El escudo 'antiokupas' ya tiene el OK de la Asamblea: se tramitará como proyecto de ley 

28/10/2020 - 

MURCIA. El 'escudo antiokupas' de la Región ya tiene el ok definitivo. La Asamblea Regional tramitará como proyecto de ley el decreto de medidas contra la ocupación de viviendas. El mismo se ha convalidado con los votos a favor de PP, Ciudadanos y el diputado de Vox, Pascual Salvador, y se tramitará como proyecto de ley tras la petición realizada por estos tres mismos grupos parlamentarios.

El portavoz de Vox, Juan José Liarte, ha condicionado durante el debate parlamentario su apoyo a la medida si durante la tramitación como proyecto de ley si se incluye un registro en la Consejería de Fomento que permita a los jueces confirmar quién es el propietario de la vivienda y que pudieran desalojarla en 48 horas.

Desde el PP, Víctor Martínez-Carrasco ha expuesto que la Región es la "primera comunidad autónoma" que "da el paso" en este ámbito recordando que con este decreto se pretende "dar una solución a un problema real y cubrir un vacío que las leyes actuales no cubren". En su opinión, "la propiedad privada no puede supeditarse a otros derechos que por supuesto deben garantizarse, como es el acceso a una vivienda. Debemos ayudar a quien más dificultades encuentra, pero nunca invadiendo la propiedad legítima del otro".

De igual manera se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, para quien se debe "defender la propiedad privada". Según ha indicado, "los poderes públicos deben ser partícipes de la defensa de la propiedad privada de los ciudadanos".

La nueva norma establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará 'Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación', así como un canal de denuncias anónimo que protegerá la identidad de los denunciantes. Así lo explicaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien también dejaba claro que las sanciones de hasta 90.000 euros sólo se podrán aplicar en la viviendas sociales que dependen de la Comunidad.

Y es que en el resto de casos, "son competencia del Gobierno central", aseveraba el consejero a preguntas de los periodistas. Esto supone que las multas y el control sólo se podría realizar, a día de hoy, sobre un centenar de las 1.078 viviendas que hay ocupadas en la Región.

La ocupación ilegal de viviendas es un problema que se ha disparado en los últimos años. De hecho, las denuncias ante los juzgados han crecido un 20% en los últimos doce meses. Además de ser un problema social, las posibilidades de conseguir que los okupas abandonen una vivienda una vez que entran en ella puede derivar en años de litigio judicial con un periodo de tensión que marca a los propietarios y a los vecinos. 

También será obligatorio para los ayuntamientos notificar los casos de ocupaciones detectados en sus municipios, de manera que la información se centralice en la administración autonómica, y las empresas de suministros deberán también comunicar los casos de posibles ocupaciones que detecten.

Una lucha política y social

Algunos partidos políticos han denunciado y llevado a sus campañas electorales la ocupación de viviendas. Uno de ellos, Vox, además lo ha hecho un mantra en sus manifestaciones. "Hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día". Con estas palabras exponía a principios de agosto el líder de Vox, Santiago Abascal, en un entrevista con Europa Press la solución que su partido cree más eficaz para acabar con los okupas. Después, el partido en la Región fue un paso más allá y llegó a contratar vallas publicitarias con ese lema.

Recientemente. Ciudadanos hizo un llamamiento al PP y al PSOE para luchar juntos en la batalla contra la ocupación ilegal. La formación naranja pide a los grupos municipales de los populares y los socialistas que alcancen acuerdos y articulen mociones conjuntas "para abordar el problema de la ocupación fuera del interés partidista".

Pero la de los partidos no es la única forma para denunciar e intentar frenar la grave situación que muchas veces supone la presencia de 'okupas' para los propietarios y para la convivencia vecinal en los edificios, calles o poblaciones enteras donde se producen estos asaltos a viviendas. Y es que se llegan a tomar medidas de diversa índole, como la que llevó a cabo el pedáneo de Beniaján.

Además de lanzar el nuevo decreto que está previsto, el PP reforzó hace unos días su campaña contra la 'okupación ilegal'. Los populares, que han hecho de su rechazo a este fenómeno una de sus principales banderas, han iniciado una recogida de firmas para recabar el apoyo de la ciudadanía a la ley que esta formación ha presentado en el Congreso.

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