MURCIA. El caso del incendio de Atalayas, que dejó 13 muertos, sigue dejando titulares. El último es el cruce de acusaciones entre un abogado de las víctimas, quien acusaba al Ayuntamiento por la posible destrucción de pruebas vinculadas con el siniestro. Un hecho que niega el Consistorio, que estudia emprender "acciones penales" contra el letrado.
Se trata del abogado José Manuel Muñoz Ortín, que representa a familiares de los fallecidos en el incendio, y que remitió un escrito al juzgado de Instrucción número 3, que investiga el suceso, alertando de que en la noche de ayer se destruyó numerosa documentación en la sede donde trabaja el jefe del servicio de Protección Civil y Prevención de Incendios del ayuntamiento de Murcia.
Este funcionario municipal es uno de los tres empleados públicos, además del actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro (PP), y su antecesor en el cargo, Andrés Guerrero (PSOE), contra los que se han querellado las familias a las que representa este abogado, al considerar que pudieron cometer supuestos delitos de prevaricación por omisión, por haber permitido que las salas incendiadas estuvieran abiertas pese a tener una orden de cese de actividad en vigor, como informa Efe.
La querella fue admitida a trámite el pasado 4 de abril, si bien la noticia ha trascendido esta semana, motivo por el cual Muñoz Ortín sospecha que la documentación destruida podría estar relacionada con las discotecas, por lo que ha solicitado a la jueza que instruye el caso que tome medidas de protección.
Desde el Ayuntamiento de Murcia han negado de manera tajante que se haya destruido ningún tipo de documentación relacionada con el incendio, y han advertido de que sus servicios jurídicos "están estudiando ejercer acciones penales y de cualquier otra índole que pudiera corresponder".
En un comunicado, el Consistorio ha lamentado "la manipulación torticera" y las "acusaciones infundadas" del abogado, y ha subrayado que la última fecha en que el servicio de Protección Civil del Ayuntamiento se deshizo de documentos fue el día 9 de febrero, y se trató de "documentación antigua relativa al voluntariado, con el objetivo de habilitar espacios para la incorporación de nuevo personal, con el procedimiento habitual para estos casos".
