CARTAGENA. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena están ultimando el recurso contencioso administrativo que se presentará en los próximos días ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que aprobó el Plan Hidrológico del Tajo que prevé recortar a la mitad el agua trasvasada. La decisión supone graves perjuicios para la agricultura de Cartagena y para el abastecimiento de las familias y las empresas, ya que la cuarta parte de los recursos del Taibilla proceden del trasvase, según ha recordado la alcaldesa, Noelia Arroyo.
Arroyo ha dicho que el Ayuntamiento de Cartagena tiene la legitimidad y la obligación de recurrir el recorte del trasvase “porque es una decisión mal tomada y sin base científica, que perjudica los intereses de los cartageneros. Es una decisión demoledora contra la principal forma de vida del campo de Cartagena, pero además supone menos agua y más cara para las familias cartageneras y también tiene un impacto en el medio ambiente, porque el abandono de los cultivos supone el avance del desierto”.
La alcaldesa ha recordado que “sólo en el Campo de Cartagena el empleo de unas 47.000 personas depende del regadío, pero es que el 40 % del agua que bebemos en nuestras casas llega desde el trasvase. Porque el trasvase es la principal fuente del agua que llega a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla”.
El Ayuntamiento se ha manifestado en varias ocasiones en contra del recorte del trasvase, según ha recordado Arroyo, que ha encargado el recurso a los servicios jurídicos en cumplimiento de una moción, presentada por el gobierno ante el pleno, que estaba a favor de sumarse a las acciones legales que se emprendiesen contra la decisión de aprobar un Plan Hidrológico del Tajo contrario a los intereses de Cartagena.
El recurso que se prepara recordará que el Plan del Tajo se ha elaborado como si fuese una cuenca aislada y sin prever las demandas del sistema hidráulico que conforma con la cuenca del Segura. Eso ha hecho que no se haya previsto su impacto ambiental, social y económico.
Entre esos impactos están también, a juicio de los técnicos, los objetivos de conservación de espacios protegidos, entre los que se encuentran diversas Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC), como el Mar Menor.
Tanto técnicos de la administración como responsables de las organizaciones de Regantes, han reiterado que el cálculo de los caudales ecológicos del Tajo que sirven de base para justificar esos recortes están mal realizados y que, en todo caso, existe una amplia jurisprudencia según la cual, el establecimiento de caudales ecológicos debe configurarse “con el menor detrimento posible de los existentes derechos de uso del agua”. Es decir, en su fijación deben acogerse criterios de proporcionalidad e intervención mínima, de modo que las posibles restricciones a los derechos de uso ya existentes sean los menores posibles.
