CARTAGENA. Hasta un total de 947 son los inmigrantes que, a día de hoy, acoge el campamento de inmigrantes del Hospital Naval de Cartagena, una cifra que excede casi en un 50% de lo acordado entre Ministerio y Ayuntamiento de Cartagena cuando se ubicó el mismo en el edificio propiedad del Ministerio de Defensa.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha sido clara en su postura ante las obras que el Ministerio de Migraciones viene efectuando en el campamento. El anuncio de una ampliación que permitiría albergar a 300 personas más en tres nuevas carpas ha provocado una firme respuesta del consistorio.
Arroyo informó que, tras recibir una comunicación oficial el 11 de octubre, se constató que el Ministerio no había solicitado ningún tipo de permiso municipal para dicha ampliación. Este hecho derivó en una inspección por parte de los técnicos de Urbanismo, que concluyó con la emisión de un decreto de suspensión de la actividad. "Hemos actuado porque no se cumple la normativa de seguridad y habitabilidad", declaró la alcaldesa. El decreto contempla la retirada de las carpas y de la maquinaria en un plazo de cuatro días, o de lo contrario el Ayuntamiento actuará de manera subsidiaria. "En el momento que se cumplan los cuatro días después de la apertura de la notificación, el Ayuntamiento tendrá que pedir al Juzgado, si no actúan ellos, que nos deje entrar a la instalación y activar lo que dice el decreto, si no lo hacen ellos, tal y como fija el decreto" subraya Arroyo.
Las relaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Migraciones no han sido fáciles. Arroyo subrayó que este problema es un claro ejemplo de la falta de coordinación y de respeto a la normativa municipal. "Hemos sido muy claros: no pueden seguir adelante sin contar con los permisos y las licencias correspondientes. La normativa urbanística es clara, y si no se cumple, actuaremos".
El Campamento Temporal de Inmigrantes ha estado rodeado de polémica desde su creación. Aunque inicialmente fue diseñado para acoger a 600 personas, ya ha experimentado varias ampliaciones, llegando a albergar entre 750 y 800 inmigrantes. La última ampliación anunciada, que sumaría 300 personas más, se llevó a cabo "sin previo aviso", una situación que, según la alcaldesa, se ha gestionado "con nocturnidad y alevosía".
El consistorio ha emitido varios expedientes ante obras anteriores que también incumplen la normativa. Según Arroyo, la última ampliación con carpas se está ejecutando fuera de la legalidad. "No cumplen con los criterios de edificabilidad, habitabilidad y seguridad, y por tanto, Urbanismo ha decretado su suspensión", puntualizó.
Arroyo no se limitó a criticar la falta de permisos; también aprovechó la oportunidad para señalar lo que considera una política migratoria fallida por parte del gobierno central. "Este es un problema que el Ministerio de Migraciones está gestionando de manera desastrosa. Lejos de resolver la situación, la están empeorando con este tipo de decisiones que agravan la presión migratoria sobre Cartagena".
La alcaldesa recordó que el compromiso original con la Secretaría de Estado era reducir progresivamente la capacidad del campamento, conforme se habilitaban nuevos centros de acogida en otras partes del país. Sin embargo, en lugar de cumplir con esta promesa, el Ministerio ha ampliado las instalaciones, lo que genera una mayor presión sobre los servicios municipales y la convivencia en la ciudad.
El Ayuntamiento de Cartagena se encuentra ahora en una posición de vigilancia. Los técnicos municipales están evaluando continuamente el estado del campamento y el cumplimiento de las normativas. Si en los próximos días no se procede a la retirada de las carpas y la maquinaria, el consistorio se verá obligado a acudir al Juzgado, con el fin de obtener autorización para intervenir y ejecutar el decreto de manera subsidiaria.
"Si no actúan, nosotros lo haremos, pero cumpliendo con la ley", afirmó Arroyo, dejando claro que, aunque el campamento es competencia del Ministerio de Defensa, el Ayuntamiento tiene la obligación de velar por que las instalaciones dentro de su término municipal cumplan con todas las normativas de seguridad y habitabilidad.
Cuando se le preguntó sobre el argumento de que las carpas no requieren licencia por ser estructuras portátiles, Arroyo fue tajante: "Nos dijeron que las carpas eran provisionales, pero eso no exime de cumplir con la normativa. Montaron las carpas sin permiso y ahora intentan legalizarlas, pero las obras que están haciendo incumplen las normativas vigentes. No lo vamos a permitir".
El futuro del campamento sigue siendo incierto. Aunque Arroyo expresó su deseo de que se cumpla el compromiso de desmantelar el campamento para mayo o junio del próximo año, la situación actual no da señales de mejora. La falta de coordinación entre las administraciones y las continuas ampliaciones agravan la situación, generando tensión social en la ciudad.
La alcaldesa concluyó advirtiendo que, si bien comprende la complejidad de la crisis migratoria, "no es solución seguir cometiendo errores". Además, enfatizó que la gestión del campamento debe ser transparente y en colaboración con las autoridades locales, algo que, según ella, no se ha respetado hasta el momento.
